Fiscalía Nacional anuncia investigación penal tras audiencia de miembros del Tren de Aragua
En una entrevista con Agricultura, el fiscal Valencia planteó la posibilidad de amenazas recibidas por el persecutor que estuvo presente en la audiencia contra los miembros del Tren de Aragua.
el viernes pasado a las 16:21
el viernes pasado a las 15:41
el viernes pasado a las 15:18
Tras la controvertida audiencia donde se redujeron las medidas cautelares a cinco miembros del Tren de Aragua, la Fiscalía Nacional ha anunciado el inicio de una investigación penal. Esta medida se toma en medio de cuestionamientos y la posibilidad de amenazas contra el fiscal que participó en dicha audiencia.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha confirmado el inicio de la investigación, la cual estará a cargo del fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat. Esta investigación se origina a partir de una denuncia presentada por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, contra el abogado asistente de esa fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por presuntos delitos ocurridos durante la audiencia del 3 de junio en el Juzgado de Garantía de Los Vilos.
En una entrevista con Agricultura, el fiscal Valencia planteó la posibilidad de amenazas recibidas por el persecutor que estuvo presente en la audiencia contra los miembros del Tren de Aragua. Valencia enfatizó en el peligro que enfrentan los fiscales y profesionales al combatir el crimen organizado, pidiendo no prejuzgar al fiscal involucrado y sugiriendo que podría haber sido víctima de amenazas.
La controversia surgió después de que los acusados de secuestro agravado, asociación ilícita y robo con intimidación fueran liberados con medidas cautelares menos severas, incluido el arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional, tras el pago de una fianza de 5 millones de pesos. Esta decisión fue tomada por la jueza de garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, luego de un error de la fiscalía que generó críticas desde diversos sectores políticos.
La Corte Suprema determinó que el Ministerio Público actuó de forma ilegal y arbitraria al negarse a investigar la reunión mencionada.
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