El Gobierno ha presentado los resultados iniciales del “Plan Inspección Total”, una auditoría ordenada por el Presidente José Antonio Kast que examinó los registros financieros y administrativos desde 2022 hasta marzo de 2026. De acuerdo con el informe, se analizaron más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Como resultado de este proceso, se han identificado alertas relacionadas con recursos públicos por un total de US$9.200 millones. Uno de los descubrimientos principales es la postergación de pagos desde 2025 hasta 2026 por alrededor de US$3.200 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB. Según el Ejecutivo, esta situación habría impactado en los pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y aproximadamente 10 mil pymes. El comité también ha encontrado que más de US$3.000 millones fueron gastados en compras realizadas a través de tratos directos o compras rápidas en casos donde se podrían haber utilizado procesos competitivos de licitación pública. Además, la auditoría ha identificado patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y dificultades en la recuperación de subsidios por licencias médicas. Entre los organismos sujetos a revisión se encuentran Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos. Por último, las autoridades han enfatizado que las alertas identificadas no implican necesariamente la comisión de delitos, aunque han advertido que en aquellos casos donde existan pruebas suficientes, la información será remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Fuente: ADN Radio Nacional
La comunidad científica a nivel internacional ha expresado su preocupación luego de la publicación de una carta alarmante en la revista Science, titulada “Chile’s environmental policy at risk”. En este documento, un grupo de científicos chilenos ha alertado sobre la compleja situación que enfrentan las regulaciones ecológicas del país tras el cambio de gobierno. La controversia se centra en la decisión de la administración actual de revocar 43 decretos ambientales que fueron establecidos durante el mandato de Gabriel Boric. Según los expertos firmantes de la carta, América Paz Durán, Ariel Espinoza-Galdames, Víctor Caro y Daniela Manuschevich, esta acción pone en peligro avances regulatorios en conservación, cambio climático y salud pública desarrollados a lo largo de múltiples administraciones. A pesar de que las autoridades han reintegrado 6 de estos reglamentos para su continuación en el proceso legislativo, el resto permanece en espera, lo que afecta normativas críticas para el ecosistema nacional. Entre los documentos pendientes se encuentran 7 decretos relacionados con la Ley Marco de Cambio Climático, la cual establece como meta obligatoria que Chile sea carbono neutral para el año 2050. Otro aspecto preocupante para los científicos chilenos es la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). De los decretos retirados, 11 estaban vinculados con el funcionamiento de este servicio creado en 2023 para garantizar la conservación dentro del territorio. Además, la carta resalta que la ausencia de estos decretos afecta la creación de una red de salares protegidos. Esta medida tenía como objetivo preservar al menos el 30% de los ecosistemas altoandinos ante la creciente extracción de litio, recurso del cual Chile posee una de las mayores reservas mundiales. Los académicos subrayaron en la revista Science que el progreso de Chile hacia una economía sostenible no debería depender de ciclos políticos. Ante esta situación, los expertos han instado a mantener la continuidad regulatoria y a respetar las políticas estatales a largo plazo. En su conclusión, han exigido que la administración de Kast debería transparentar completamente los criterios que guían la evaluación de los 37 decretos restantes y las razones detrás de las decisiones finales. Los científicos insisten en que el gobierno debe comunicar estas resoluciones clara y oportunamente para asegurar la estabilidad de los compromisos ambientales del país. Fuente: Publimetro
Un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió la tarde de este lunes el norte grande de Chile, con epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, generando alarma en la población. Debido a la intensidad del evento y las múltiples réplicas registradas, las autoridades regionales decidieron suspender temporalmente las actividades académicas en la comuna más afectada. La Seremi de Educación de la región de Antofagasta emitió un comunicado oficializando la suspensión de clases para el martes 26 de mayo en Calama, como medida preventiva tras el sismo. Esta medida abarca no solo los colegios municipales, sino también los establecimientos educativos del SLEP Licancabur, particulares subvencionados y privados en la zona urbana. La prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad de las instalaciones escolares, por lo que se realizará una revisión detallada para verificar posibles daños estructurales y asegurar condiciones seguras para el retorno de la comunidad educativa. Aunque hasta el momento no se han reportado heridos graves en los recintos escolares, la constante actividad sísmica y las réplicas posteriores al evento principal mantienen la precaución. El Senapred y otros organismos técnicos están evaluando los daños en la infraestructura y servicios básicos, mientras que el SHOA descartó la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas. Se espera que durante el martes se entregue un nuevo balance sobre el estado de los colegios para determinar si será posible reanudar las actividades normales el miércoles 27 de mayo. Fuente: Publimetro
Según un estudio realizado por World Vision Chile en comunas de alta vulnerabilidad en Chile, el 51,6% de niños, niñas y adolescentes afirmó que se siente inseguro en su propio barrio, o solo a veces se siente seguro. El levantamiento se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2025, mediante 405 encuestas y grupos focales en Cerro Navia, Alto Hospicio, Coronel y Temuco. Las principales preocupaciones expresadas por los participantes incluyen la violencia en espacios públicos, el consumo de drogas, los robos, las balaceras y el deterioro urbano. Se destaca que lugares como plazas, calles y espacios comunitarios ya no son percibidos como seguros para jugar o descansar. Algunos niños señalaron: No nos sentimos seguros en las plazas ni en las calles cerca de la casa. Además, se mencionó la necesidad de recuperar espacios de encuentro. Necesitamos más espacios para jugar, descansar y sentirnos tranquilos, fue otra de las frases recogidas en el estudio. El informe revela que tanto el hogar como la escuela siguen siendo los espacios más seguros para la niñez, con menciones del 81% y 78%, respectivamente. Sin embargo, se advierten tensiones crecientes en esos entornos. Otro dato relevante es que 1 de cada 2 niños nunca ha recibido talleres o información sobre protección y denuncia, mientras que un 36,37% no siempre sabe dónde acudir ante una vulneración o problema de seguridad. Lo preocupante es que niños y niñas crecen normalizando vivir con miedo, violencia y consumo de drogas en sus barrios, advirtió la directora ejecutiva de World Vision, Martha Yaneth Rodríguez. La organización concluye que la inseguridad barrial impacta la salud mental, la vida comunitaria y las oportunidades de desarrollo de la infancia. Por ello, plantea la necesidad de más seguridad en espacios públicos, programas deportivos accesibles, participación real y apoyo psicológico. Fuente: ADN Radio Nacional
Las secretarías regionales ministeriales de Salud y Educación de la región de Los Lagos han anunciado un plan de fiscalización para verificar el cumplimiento de los calendarios de sanitización y desratización en los establecimientos educacionales de la zona. De acuerdo con lo informado por Radio Sago , cinco establecimientos en la provincia de Chiloé se enfrentan a prohibiciones de funcionamiento y sumarios sanitarios debido a la presencia de roedores, problemas con el alcantarillado y el suministro de agua potable. En la provincia de Llanquihue, los recintos educativos en Maullín y Frutillar han tenido que suspender clases tras detectar la presencia de ratones y murciélagos. Mientras tanto, en Osorno, la Escuela Agroecológica de Pichil ha reportado problemas con roedores y desbordamientos de aguas servidas. La seremi de Salud, Evelyn Brintrup, ha advertido sobre los diversos riesgos para la salud que pueden surgir debido a la presencia de estos vectores. Según sus palabras,Lo relevante es hacer la desratización atingente en los horarios correspondientes. Brintrup también ha recordado que los sostenedores son responsables de mantener las condiciones sanitarias adecuadas en los recintos educativos, y ha instado a la comunidad educativa a denunciar cualquier irregularidad a través del OIRS del Ministerio de Salud. Las clases solo se reanudarán una vez que los establecimientos demuestren haber corregido las deficiencias detectadas y cuenten con condiciones apropiadas para salvaguardar la salud tanto de estudiantes como del personal. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha presentado los resultados iniciales del “Plan Inspección Total”, una auditoría ordenada por el Presidente José Antonio Kast que examinó los registros financieros y administrativos desde 2022 hasta marzo de 2026. De acuerdo con el informe, se analizaron más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Como resultado de este proceso, se han identificado alertas relacionadas con recursos públicos por un total de US$9.200 millones. Uno de los descubrimientos principales es la postergación de pagos desde 2025 hasta 2026 por alrededor de US$3.200 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB. Según el Ejecutivo, esta situación habría impactado en los pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y aproximadamente 10 mil pymes. El comité también ha encontrado que más de US$3.000 millones fueron gastados en compras realizadas a través de tratos directos o compras rápidas en casos donde se podrían haber utilizado procesos competitivos de licitación pública. Además, la auditoría ha identificado patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y dificultades en la recuperación de subsidios por licencias médicas. Entre los organismos sujetos a revisión se encuentran Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos. Por último, las autoridades han enfatizado que las alertas identificadas no implican necesariamente la comisión de delitos, aunque han advertido que en aquellos casos donde existan pruebas suficientes, la información será remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Fuente: ADN Radio Nacional
La comunidad científica a nivel internacional ha expresado su preocupación luego de la publicación de una carta alarmante en la revista Science, titulada “Chile’s environmental policy at risk”. En este documento, un grupo de científicos chilenos ha alertado sobre la compleja situación que enfrentan las regulaciones ecológicas del país tras el cambio de gobierno. La controversia se centra en la decisión de la administración actual de revocar 43 decretos ambientales que fueron establecidos durante el mandato de Gabriel Boric. Según los expertos firmantes de la carta, América Paz Durán, Ariel Espinoza-Galdames, Víctor Caro y Daniela Manuschevich, esta acción pone en peligro avances regulatorios en conservación, cambio climático y salud pública desarrollados a lo largo de múltiples administraciones. A pesar de que las autoridades han reintegrado 6 de estos reglamentos para su continuación en el proceso legislativo, el resto permanece en espera, lo que afecta normativas críticas para el ecosistema nacional. Entre los documentos pendientes se encuentran 7 decretos relacionados con la Ley Marco de Cambio Climático, la cual establece como meta obligatoria que Chile sea carbono neutral para el año 2050. Otro aspecto preocupante para los científicos chilenos es la implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). De los decretos retirados, 11 estaban vinculados con el funcionamiento de este servicio creado en 2023 para garantizar la conservación dentro del territorio. Además, la carta resalta que la ausencia de estos decretos afecta la creación de una red de salares protegidos. Esta medida tenía como objetivo preservar al menos el 30% de los ecosistemas altoandinos ante la creciente extracción de litio, recurso del cual Chile posee una de las mayores reservas mundiales. Los académicos subrayaron en la revista Science que el progreso de Chile hacia una economía sostenible no debería depender de ciclos políticos. Ante esta situación, los expertos han instado a mantener la continuidad regulatoria y a respetar las políticas estatales a largo plazo. En su conclusión, han exigido que la administración de Kast debería transparentar completamente los criterios que guían la evaluación de los 37 decretos restantes y las razones detrás de las decisiones finales. Los científicos insisten en que el gobierno debe comunicar estas resoluciones clara y oportunamente para asegurar la estabilidad de los compromisos ambientales del país. Fuente: Publimetro
Un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió la tarde de este lunes el norte grande de Chile, con epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, generando alarma en la población. Debido a la intensidad del evento y las múltiples réplicas registradas, las autoridades regionales decidieron suspender temporalmente las actividades académicas en la comuna más afectada. La Seremi de Educación de la región de Antofagasta emitió un comunicado oficializando la suspensión de clases para el martes 26 de mayo en Calama, como medida preventiva tras el sismo. Esta medida abarca no solo los colegios municipales, sino también los establecimientos educativos del SLEP Licancabur, particulares subvencionados y privados en la zona urbana. La prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad de las instalaciones escolares, por lo que se realizará una revisión detallada para verificar posibles daños estructurales y asegurar condiciones seguras para el retorno de la comunidad educativa. Aunque hasta el momento no se han reportado heridos graves en los recintos escolares, la constante actividad sísmica y las réplicas posteriores al evento principal mantienen la precaución. El Senapred y otros organismos técnicos están evaluando los daños en la infraestructura y servicios básicos, mientras que el SHOA descartó la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas. Se espera que durante el martes se entregue un nuevo balance sobre el estado de los colegios para determinar si será posible reanudar las actividades normales el miércoles 27 de mayo. Fuente: Publimetro
Según un estudio realizado por World Vision Chile en comunas de alta vulnerabilidad en Chile, el 51,6% de niños, niñas y adolescentes afirmó que se siente inseguro en su propio barrio, o solo a veces se siente seguro. El levantamiento se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2025, mediante 405 encuestas y grupos focales en Cerro Navia, Alto Hospicio, Coronel y Temuco. Las principales preocupaciones expresadas por los participantes incluyen la violencia en espacios públicos, el consumo de drogas, los robos, las balaceras y el deterioro urbano. Se destaca que lugares como plazas, calles y espacios comunitarios ya no son percibidos como seguros para jugar o descansar. Algunos niños señalaron: No nos sentimos seguros en las plazas ni en las calles cerca de la casa. Además, se mencionó la necesidad de recuperar espacios de encuentro. Necesitamos más espacios para jugar, descansar y sentirnos tranquilos, fue otra de las frases recogidas en el estudio. El informe revela que tanto el hogar como la escuela siguen siendo los espacios más seguros para la niñez, con menciones del 81% y 78%, respectivamente. Sin embargo, se advierten tensiones crecientes en esos entornos. Otro dato relevante es que 1 de cada 2 niños nunca ha recibido talleres o información sobre protección y denuncia, mientras que un 36,37% no siempre sabe dónde acudir ante una vulneración o problema de seguridad. Lo preocupante es que niños y niñas crecen normalizando vivir con miedo, violencia y consumo de drogas en sus barrios, advirtió la directora ejecutiva de World Vision, Martha Yaneth Rodríguez. La organización concluye que la inseguridad barrial impacta la salud mental, la vida comunitaria y las oportunidades de desarrollo de la infancia. Por ello, plantea la necesidad de más seguridad en espacios públicos, programas deportivos accesibles, participación real y apoyo psicológico. Fuente: ADN Radio Nacional
Las secretarías regionales ministeriales de Salud y Educación de la región de Los Lagos han anunciado un plan de fiscalización para verificar el cumplimiento de los calendarios de sanitización y desratización en los establecimientos educacionales de la zona. De acuerdo con lo informado por Radio Sago , cinco establecimientos en la provincia de Chiloé se enfrentan a prohibiciones de funcionamiento y sumarios sanitarios debido a la presencia de roedores, problemas con el alcantarillado y el suministro de agua potable. En la provincia de Llanquihue, los recintos educativos en Maullín y Frutillar han tenido que suspender clases tras detectar la presencia de ratones y murciélagos. Mientras tanto, en Osorno, la Escuela Agroecológica de Pichil ha reportado problemas con roedores y desbordamientos de aguas servidas. La seremi de Salud, Evelyn Brintrup, ha advertido sobre los diversos riesgos para la salud que pueden surgir debido a la presencia de estos vectores. Según sus palabras,Lo relevante es hacer la desratización atingente en los horarios correspondientes. Brintrup también ha recordado que los sostenedores son responsables de mantener las condiciones sanitarias adecuadas en los recintos educativos, y ha instado a la comunidad educativa a denunciar cualquier irregularidad a través del OIRS del Ministerio de Salud. Las clases solo se reanudarán una vez que los establecimientos demuestren haber corregido las deficiencias detectadas y cuenten con condiciones apropiadas para salvaguardar la salud tanto de estudiantes como del personal. Fuente: ADN Radio Nacional