La oposición ingresó este jueves 12 de noviembre una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su actuación frente a las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad. La presentación se concretó dos semanas después de que las bancadas opositoras anunciaran la ofensiva parlamentaria, en medio de cuestionamientos a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y a la información proporcionada por el secretario de Estado durante sus intervenciones ante el Congreso. El documento, de 189 páginas, fue firmado por diez diputados de distintos partidos de oposición y contempla tres capítulos que buscan establecer una eventual infracción a la Constitución y las leyes. La acusación se fundamenta en el artículo 52, número 2, letra b), de la Constitución y abre un procedimiento parlamentario que podría concluir con la destitución del ministro si prospera tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores El primer capítulo del libelo cuestiona las 56 rebajas de condena concedidas entre junio y septiembre de 2026 a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Según la oposición, estas decisiones habrían vulnerado las restricciones establecidas en la Ley N.º 21.421, que modificó la legislación sobre reducción de penas y excluyó determinados delitos sexuales contra menores del acceso a estos beneficios. El documento individualiza 22 decretos conocidos públicamente y sostiene que ninguno habría sido dictado en cumplimiento de una orden judicial específica. Los parlamentarios argumentan que el Ministerio de Justicia extendió criterios contenidos en fallos particulares a otros casos, pese a que dichas resoluciones judiciales solo producen efectos en los procesos correspondientes. Además, cuestionan que no se haya considerado adecuadamente el interés superior del niño ni la situación de las víctimas al momento de conceder las rebajas. Acusación incluye beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad El segundo capítulo aborda la reducción de condenas otorgada a tres exagentes del Estado sentenciados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. De acuerdo con los argumentos de la oposición, el Ministerio de Justicia habría autorizado estos beneficios sin realizar una evaluación individual suficiente sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Entre los aspectos cuestionados figuran la eventual colaboración de los condenados con la justicia, el reconocimiento de los delitos, la reparación de las víctimas y las consecuencias que tendría su liberación para sus familiares. La acusación también plantea que el ministerio habría modificado criterios utilizados anteriormente para resolver solicitudes similares, sin que existieran cambios legislativos que justificaran esa diferencia. Según el documento, los tres condenados beneficiados ya se encuentran en libertad, lo que constituye uno de los principales fundamentos de este capítulo. Oposición acusa entrega de información incompleta al Congreso El tercer apartado está relacionado con las explicaciones entregadas por Fernando Rabat durante sus intervenciones ante el Poder Legislativo. Los parlamentarios cuestionan las declaraciones realizadas por el ministro ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y durante una sesión especial de la Cámara de Diputados, el día siguiente. En esas instancias, Rabat sostuvo que su cartera formalizaba decisiones adoptadas por las comisiones de reducción de condenas y que determinadas resoluciones judiciales condicionaban su actuación. Sin embargo, la oposición considera que el ministro habría entregado antecedentes incompletos o inexactos sobre las atribuciones del Ministerio de Justicia y los fundamentos de las decisiones adoptadas. Por esta razón, el libelo plantea una eventual vulneración del principio de probidad administrativa, contemplado en el artículo 8 de la Constitución y en la legislación que regula el funcionamiento de la Administración del Estado. Las imputaciones deberán ser examinadas durante la tramitación parlamentaria, instancia en la que el secretario de Estado podrá presentar sus descargos y argumentos de defensa. Gobierno mantiene respaldo a Fernando Rabat La acusación se presenta en medio de las diferencias políticas generadas por las rebajas de condenas. El presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro de Justicia, pese a reconocer públicamente que las decisiones relacionadas con beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores constituyeron un error del Ejecutivo. El pasado 28 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando la salida del ministro y de dos subsecretarios de la cartera. Sin embargo, el Gobierno optó por mantener a Rabat en sus funciones y solicitar la implementación de medidas destinadas a revisar los procedimientos relacionados con las rebajas de condenas. Desde el oficialismo también se han realizado llamados a sus parlamentarios para rechazar la acusación constitucional. ¿Qué ocurre ahora con la acusación constitucional? Con el ingreso formal del documento, la Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento establecido para analizar las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. La tramitación contempla la conformación de una comisión encargada de estudiar los antecedentes, recibir la defensa del acusado y emitir un informe que posteriormente será sometido a consideración de la Sala. Si la Cámara declara que la acusación tiene mérito, el proceso avanzará al Senado, que deberá pronunciarse sobre las infracciones atribuidas al secretario de Estado. En caso de que la Cámara Alta declare culpable al ministro, Rabat será destituido de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años. Por ahora, la presentación del libelo no implica la destitución del secretario de Estado ni establece que las infracciones denunciadas hayan sido acreditadas. La definición quedará en manos del Congreso, donde oficialismo y oposición deberán fijar sus posiciones frente a una controversia que mantiene bajo cuestionamiento la actuación del Ministerio de Justicia.
El Gobierno de Chile anunció un acuerdo con organizaciones de camioneros para reducir en $142 por litro el precio del diésel y suspender nuevas alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, en una medida destinada a poner fin a la paralización del transporte de carga que se extendió durante tres días. El entendimiento fue confirmado este jueves 12 de noviembre desde La Moneda por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y representantes de organizaciones de transportistas. Tras una reunión de más de tres horas, las autoridades informaron que el acuerdo contempla cinco medidas relacionadas con los precios de los combustibles, la devolución de impuestos y beneficios para distintos segmentos del transporte. Sin embargo, el fin del paro no cuenta con la adhesión de todas las agrupaciones, ya que algunos transportistas independientes anunciaron que continuarán movilizados. ¿Cuánto bajarán el diésel y las bencinas? Uno de los principales puntos del acuerdo establece revertir las últimas alzas aplicadas a los combustibles. En el caso del diésel, se eliminará el incremento de $42 por litro registrado esta semana y se aplicará una rebaja adicional de $100, alcanzando una disminución total comprometida de $142 por litro. Para las gasolinas, en tanto, se contempla revertir el aumento de $39 por litro. Estas modificaciones requieren la aprobación de un proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo al Congreso, por lo que su aplicación dependerá de la tramitación legislativa. El Gobierno espera que la iniciativa pueda convertirse en ley durante la próxima semana. Precios de los combustibles tendrán un límite hasta marzo de 2027 El segundo eje del acuerdo establece un mecanismo para impedir que los precios de los combustibles superen determinados valores hasta el 31 de marzo de 2027. La medida considera como referencia los precios del 12 de noviembre, descontando las rebajas comprometidas. De esta forma, el precio máximo del diésel corresponderá al valor de esa fecha menos $142 por litro, mientras que en las gasolinas el límite será de $39 menos que el precio registrado ese mismo día. El mecanismo permitirá que los combustibles continúen bajando si las condiciones internacionales así lo determinan. En caso de posteriores aumentos, estos solo podrán aplicarse hasta alcanzar el límite establecido, sin superarlo durante la vigencia del acuerdo. Camioneros recibirán mayores devoluciones del impuesto específico El acuerdo también contempla modificaciones al sistema de recuperación del impuesto específico al diésel que beneficia al transporte de carga por carretera. Según la propuesta, los porcentajes de devolución aumentarán dependiendo del nivel de ventas anuales de cada empresa. Los nuevos tramos consideran una recuperación del 90% para transportistas con ventas de hasta 6.000 UF, del 65% para aquellos que registren ingresos entre 6.000 y 20.000 UF, y del 50% para empresas con ventas superiores a 20.000 UF. La medida busca reducir los costos operacionales del sector, especialmente entre pequeños y medianos transportistas afectados por los incrementos del combustible. También se contempla un mecanismo de compensación para evitar efectos financieros asociados a períodos en que el impuesto específico presente valores negativos. Acuerdo también beneficia a buses interurbanos Además del transporte de carga, el Ejecutivo anunció medidas dirigidas a empresas de buses que realizan recorridos interurbanos. Entre ellas destaca el aumento del porcentaje de recuperación de peajes, desde el 35% al 70%, lo que permitirá reducir parte de los costos asociados a la operación de estos servicios. El Gobierno también comprometió una mesa de trabajo con representantes del transporte de pasajeros para analizar otras demandas específicas del sector. Hacienda estima costo fiscal de US$500 millones El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que el conjunto de medidas tendrá un costo fiscal aproximado de 500 millones de dólares, considerando sus efectos durante 2026 y 2027. Según explicó, la mayor parte del gasto se concentrará durante el próximo año. El secretario de Estado aseguró que los recursos necesarios para implementar el acuerdo se encuentran dentro de las proyecciones presupuestarias del Ejecutivo y que no comprometerían los objetivos de consolidación fiscal. Algunos camioneros mantienen movilizaciones pese al acuerdo Aunque las negociaciones permitieron alcanzar un entendimiento con organizaciones del transporte de carga, el escenario sigue siendo diferente entre los distintos gremios. Representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y otras agrupaciones respaldaron las medidas anunciadas. Sin embargo, transportistas independientes y organizaciones que no suscribieron el acuerdo manifestaron su intención de continuar con las protestas, al considerar que las soluciones ofrecidas no responden completamente a sus demandas. Entre los grupos que expresaron reparos figura el movimiento No + TAG, cuyos representantes cuestionaron la falta de avances respecto de sus propias propuestas. Las movilizaciones pendientes se concentran en algunos sectores del norte y sur del país, además de rutas de acceso a la Región de Valparaíso. Por ahora, el Ejecutivo espera que la implementación de las rebajas y los beneficios tributarios contribuya a normalizar progresivamente las operaciones del transporte de carga. El cumplimiento de los compromisos dependerá de la aprobación legislativa de las medidas y de las definiciones que adopten las organizaciones que todavía mantienen movilizaciones.
El paro de camioneros en Chile comenzó a generar consecuencias económicas en Bolivia, luego de que transportistas del país vecino denunciaran que más de 700 vehículos de carga permanecen detenidos en las ciudades de Arica e Iquique debido a las movilizaciones por el aumento de los combustibles. La situación llevó a la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) a declararse en estado de emergencia durante este jueves 12 de noviembre, tras tres jornadas de dificultades para movilizar mercancías a través de los principales corredores internacionales. Según el gremio, las pérdidas económicas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos diarios, equivalentes a unos US$85 mil, cifra que considera los perjuicios derivados de la paralización de operaciones de transporte. Camiones bolivianos no pueden acceder a puertos del norte de Chile El presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón, advirtió que los bloqueos en las carreteras chilenas han impedido el desplazamiento normal de vehículos que utilizan los terminales portuarios de Arica, Iquique y Antofagasta. Estos puertos representan puntos estratégicos para el comercio exterior de Bolivia, ya que permiten movilizar mercancías de importación y exportación a través del océano Pacífico. El dirigente señaló que más de 700 camiones permanecen detenidos en Arica e Iquique, sin posibilidades de completar sus operaciones de carga y descarga. A estos vehículos se suman entre 100 y 150 unidades afectadas en el corredor de Antofagasta y Mejillones, de acuerdo con antecedentes difundidos por organizaciones del transporte boliviano. El problema también se extiende al territorio de Bolivia, donde más de 400 camiones cargados con productos de exportación esperan condiciones para ingresar a Chile. Transportistas denuncian pérdidas y multas por retrasos Las dificultades para acceder a los terminales portuarios están generando costos adicionales para las empresas de transporte internacional. Según Cadetran, las pérdidas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos por cada jornada de paralización, afectando principalmente a transportistas que dependen de los recorridos hacia los puertos chilenos. El dirigente de los transportistas de Santa Cruz, Marcelo Cruz, agregó que algunas operaciones enfrentan multas de hasta 2.000 bolivianos diarios, equivalentes a unos US$170, por retrasos relacionados con el ingreso a los terminales. Los representantes del sector sostienen que estas obligaciones económicas deben ser asumidas por los transportistas, pese a que las dificultades se originan en interrupciones externas a sus operaciones. Bolivia buscará gestiones diplomáticas para liberar el tránsito de carga Frente al escenario, los dirigentes bolivianos anunciaron que solicitarán la intervención de su Cancillería para establecer conversaciones con las autoridades chilenas. El objetivo es encontrar mecanismos que permitan habilitar el tránsito de los vehículos detenidos y garantizar el desplazamiento de mercancías hacia los puntos de descarga. Ayllón planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan a los camioneros completar sus recorridos, considerando que las restricciones afectan directamente a la actividad comercial entre ambos países. La preocupación también alcanza al abastecimiento de combustibles en Bolivia, especialmente en su zona occidental, que depende parcialmente del ingreso de productos energéticos a través de puertos chilenos. Por ahora, las autoridades bolivianas no han confirmado un desabastecimiento como consecuencia de las movilizaciones. Gobierno chileno alcanza acuerdo, pero continúan algunas protestas Las manifestaciones de camioneros comenzaron el martes 10 de noviembre en distintas regiones de Chile, en rechazo al incremento de los precios del diésel y las gasolinas. Tras tres días de movilizaciones, el Gobierno anunció un acuerdo con las principales organizaciones del transporte de carga, que contempla una rebaja comprometida de $142 por litro de diésel y restricciones a nuevas alzas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. El entendimiento también considera modificaciones tributarias para aliviar los costos operacionales del sector. Sin embargo, algunas agrupaciones independientes rechazaron las medidas y anunciaron que mantendrán las movilizaciones, especialmente en determinadas rutas del norte y sur del país. Por esta razón, la normalización del transporte internacional todavía depende de la evolución de las protestas y de la recuperación del tránsito en los principales corredores hacia los puertos. Comercio exterior de Bolivia enfrenta incertidumbre La situación refleja la importancia estratégica de las carreteras y puertos del norte de Chile para el movimiento de mercancías bolivianas. Los retrasos en el transporte afectan no solo a los conductores y empresas de carga, sino también a las operaciones logísticas, los compromisos comerciales y el abastecimiento de productos provenientes del exterior. Mientras los gremios esperan respuestas de las autoridades, cientos de camiones continúan afectados por las restricciones de circulación, con consecuencias económicas que aumentan por cada jornada de paralización. El sector boliviano mantiene su estado de emergencia y busca una solución que permita restablecer el flujo de carga entre ambos países.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) descartó haber convocado a un paro nacional de camioneros para este lunes 9 de noviembre, en medio de las manifestaciones que distintos grupos de transportistas comenzaron a desarrollar en carreteras del país debido al sostenido incremento en los precios de los combustibles. A través de una declaración dirigida a sus asociados, la organización gremial desmintió las convocatorias que han circulado utilizando su nombre y aclaró que cualquier decisión relacionada con una eventual paralización debe ser consultada previamente con sus bases. La aclaración se produce en una jornada marcada por protestas en sectores de las regiones del Maule, Biobío y Los Lagos, donde transportistas exigen medidas para enfrentar el encarecimiento de sus costos operacionales. CNTC asegura que no ha convocado a paralizaciones La organización fue enfática en señalar que no participa en los llamados a detener las actividades del transporte de carga durante esta jornada. Desde el gremio explicaron que las decisiones sobre movilizaciones deben adoptarse mediante los mecanismos internos de consulta y coordinación con sus asociaciones. De esta manera, la CNTC tomó distancia de las acciones impulsadas por otros grupos de camioneros, aunque reconoció que comparte la preocupación por las dificultades económicas que enfrenta el rubro. El presidente de la confederación, Sergio Pérez, también reiteró que las principales organizaciones del transporte de carga mantienen conversaciones con el Gobierno para avanzar en soluciones legislativas y económicas. Manifestaciones de camioneros se registran en distintas rutas Durante la mañana de este lunes, transportistas comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la zona centro-sur del país para manifestar su rechazo a las constantes alzas del petróleo diésel. Entre las localidades donde se reportaron protestas figuran Los Ángeles, Osorno y Curicó, con presencia de camiones en sectores cercanos a la Ruta 5 Sur. En la Región del Biobío, las manifestaciones se concentraron en las inmediaciones del Salto del Laja, al norte de Los Ángeles. En Osorno, camioneros se reunieron en el sector de Pilauco, mientras que en Curicó se registraron concentraciones a la altura del cruce de Romeral. De acuerdo con los reportes de la jornada, las manifestaciones se desarrollaron principalmente a un costado de las rutas, sin registrarse bloqueos generalizados en esos puntos. Los participantes solicitaron al Ejecutivo medidas para estabilizar el precio de los combustibles y enfrentar las dificultades que afectan especialmente a pequeños y medianos transportistas. Alza del diésel mantiene preocupación en el transporte de carga Aunque descartó sumarse a las movilizaciones, la CNTC reconoció que el aumento de los combustibles representa uno de los principales problemas económicos del sector. La confederación sostuvo que desde marzo mantiene gestiones para conseguir que los incrementos en el precio del diésel se incorporen a las tarifas que reciben las empresas y conductores por sus servicios de transporte. El objetivo es evitar que los transportistas deban absorber completamente las variaciones del combustible, considerando que este constituye uno de los principales componentes de sus costos operacionales. Entre las alternativas planteadas se encuentra el establecimiento de mecanismos que permitan ajustar las tarifas de los fletes de acuerdo con las variaciones de los precios energéticos. Gremio también solicita avanzar en una ley de pesaje Además del problema de los combustibles, la CNTC reiteró su interés en impulsar cambios legales relacionados con la responsabilidad por el peso de las mercancías transportadas. La organización ha solicitado al Gobierno avanzar en una ley de pesaje que establezca responsabilidades para los propietarios de las cargas, evitando que las consecuencias de eventuales excesos recaigan exclusivamente sobre los dueños o conductores de los camiones. Desde el gremio consideran que esta modificación permitiría mejorar las condiciones de operación y distribuir de manera más equitativa las responsabilidades dentro de la cadena logística. La confederación sostuvo que continuará trabajando mediante el diálogo con las autoridades y el Congreso para promover soluciones a las demandas del sector. Otros gremios mantienen convocatoria a paro para el 10 de noviembre Pese a la decisión de la CNTC, otras organizaciones de transportistas mantienen llamados a movilización para este martes 10 de noviembre. Entre ellas se encuentra la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que ha impulsado una convocatoria a paralización nacional ante el aumento del precio del diésel y las dificultades para ajustar las tarifas de los fletes. Sin embargo, la convocatoria no cuenta con la adhesión de todas las principales confederaciones del transporte de carga, por lo que no corresponde considerarla una paralización generalizada del sector. En este escenario, la CNTC llamó a sus asociados a informarse mediante sus canales oficiales y evitar difundir convocatorias que no hayan sido confirmadas por la organización. Por ahora, las diferencias entre los gremios mantienen abierto el escenario de movilizaciones, mientras los transportistas esperan respuestas del Gobierno frente al incremento de los combustibles.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, exigió la devolución de los bonos pagados en Codelco sobre la base de cifras de producción cuestionadas, en medio de una investigación que busca esclarecer irregularidades en los registros de la principal empresa estatal del cobre. La controversia surgió luego de que se detectaran inconsistencias que habrían elevado artificialmente los niveles de producción informados por la compañía durante 2024 y 2025, alcanzando preliminarmente las 42.100 toneladas. El caso, que ya derivó en la desvinculación de ocho altos ejecutivos y profesionales, podría generar un impacto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, según los antecedentes entregados por la estatal. En una entrevista concedida este lunes a Radio ADN, el secretario de Estado reconoció que los mecanismos de supervisión fueron insuficientes y advirtió que las responsabilidades podrían extenderse más allá de los funcionarios que dejaron sus cargos. Ministro Mas no descarta responsabilidades del directorio de Codelco Consultado sobre el alcance de las irregularidades, Daniel Mas sostuvo que las investigaciones deben avanzar hasta determinar la eventual participación de todas las personas involucradas, independientemente de sus cargos dentro de la empresa. La autoridad recordó que, además de los ocho ejecutivos recientemente desvinculados, otras personas ya habían abandonado la compañía antes de que se conocieran los últimos antecedentes. En ese contexto, afirmó que el Gobierno solicitó ampliar las indagatorias para identificar posibles responsabilidades tanto en los niveles operativos como en la alta administración. Al ser consultado directamente sobre el papel del directorio que encabezaba Máximo Pacheco, el ministro rechazó excluir anticipadamente a sus integrantes de la revisión. Yo no estoy excluyendo a nadie, expresó, agregando que la investigación debe establecer las responsabilidades que correspondan. Mas también reconoció que el directorio tiene deberes de supervisión sobre la gestión de la empresa, aunque evitó atribuir responsabilidades individuales antes de conocer los resultados definitivos. Cifras alteradas podrían representar hasta US$140 millones Las irregularidades investigadas están relacionadas con diferencias en los registros de producción e inventarios de cobre de Codelco. Según información preliminar de la compañía, las inconsistencias habrían provocado una sobreestimación de 42.100 toneladas de producción durante los ejercicios 2024 y 2025. Entre los antecedentes detectados figuran duplicidades en la contabilización de material entre distintas divisiones, lo que habría generado diferencias en los inventarios informados. La estatal calcula que las irregularidades podrían tener un efecto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, monto que todavía está siendo revisado por sus auditores. El caso involucra antecedentes de divisiones como Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata, además de áreas de la Casa Matriz. Denuncia anónima permitió detectar fallas en los controles Uno de los puntos más cuestionados por el ministro fue la incapacidad de los sistemas de supervisión para detectar oportunamente las inconsistencias. Mas reconoció que tanto los mecanismos internos como los controles externos de la compañía resultaron insuficientes para identificar las irregularidades. Según explicó, los antecedentes comenzaron a conocerse gracias a una denuncia anónima que permitió activar las investigaciones. El secretario de Estado advirtió que, sin esa alerta, las diferencias en los registros de producción podrían haber continuado sin ser detectadas. Ante esta situación, aseguró que el Gobierno buscará fortalecer la fiscalización de las principales empresas públicas, mientras Codelco implementa medidas para mejorar sus procesos de registro, auditoría y control. Gobierno exige recuperar bonos pagados con cifras cuestionadas Otro de los aspectos centrales de la investigación corresponde a los incentivos económicos entregados a trabajadores y ejecutivos por el cumplimiento de metas de producción. El biministro sostuvo que los pagos realizados sobre la base de resultados que posteriormente fueron cuestionados deben ser restituidos. Se tienen que devolver los bonos todos, todos, afirmó durante la entrevista. Sin embargo, la autoridad no precisó qué mecanismos legales o administrativos se utilizarán para exigir la devolución en caso de que existan personas que se nieguen a reintegrar los recursos. Mas explicó que la administración de Codelco ya mantiene conversaciones con los distintos grupos que recibieron estos incentivos para determinar cómo abordar la situación. Por ahora, no se ha informado una cifra definitiva sobre el monto total de los bonos involucrados. Codelco enfrenta revisión de su gestión y cultura interna Además de las responsabilidades individuales, el ministro planteó que las irregularidades reflejan problemas más profundos en el funcionamiento de la compañía. A su juicio, la presión por cumplir determinadas metas de producción pudo haber generado incentivos que afectaron la calidad y confiabilidad de la información presentada. Por ello, sostuvo que la estatal debe avanzar hacia una gestión que priorice la transparencia, la seguridad, la productividad y la rentabilidad. Codelco, por su parte, mantiene investigaciones internas y auditorías externas para determinar el alcance de las inconsistencias, sus efectos financieros y las eventuales responsabilidades. El directorio también ha anunciado medidas para fortalecer los sistemas de control y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. Mientras continúan las indagatorias, el Gobierno insiste en que la investigación no debe limitarse a los ocho ejecutivos desvinculados, sino esclarecer todas las responsabilidades y establecer los mecanismos necesarios para recuperar los recursos que eventualmente fueron pagados de manera indebida.
La oposición ingresó este jueves 12 de noviembre una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su actuación frente a las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad. La presentación se concretó dos semanas después de que las bancadas opositoras anunciaran la ofensiva parlamentaria, en medio de cuestionamientos a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y a la información proporcionada por el secretario de Estado durante sus intervenciones ante el Congreso. El documento, de 189 páginas, fue firmado por diez diputados de distintos partidos de oposición y contempla tres capítulos que buscan establecer una eventual infracción a la Constitución y las leyes. La acusación se fundamenta en el artículo 52, número 2, letra b), de la Constitución y abre un procedimiento parlamentario que podría concluir con la destitución del ministro si prospera tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores El primer capítulo del libelo cuestiona las 56 rebajas de condena concedidas entre junio y septiembre de 2026 a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Según la oposición, estas decisiones habrían vulnerado las restricciones establecidas en la Ley N.º 21.421, que modificó la legislación sobre reducción de penas y excluyó determinados delitos sexuales contra menores del acceso a estos beneficios. El documento individualiza 22 decretos conocidos públicamente y sostiene que ninguno habría sido dictado en cumplimiento de una orden judicial específica. Los parlamentarios argumentan que el Ministerio de Justicia extendió criterios contenidos en fallos particulares a otros casos, pese a que dichas resoluciones judiciales solo producen efectos en los procesos correspondientes. Además, cuestionan que no se haya considerado adecuadamente el interés superior del niño ni la situación de las víctimas al momento de conceder las rebajas. Acusación incluye beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad El segundo capítulo aborda la reducción de condenas otorgada a tres exagentes del Estado sentenciados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. De acuerdo con los argumentos de la oposición, el Ministerio de Justicia habría autorizado estos beneficios sin realizar una evaluación individual suficiente sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Entre los aspectos cuestionados figuran la eventual colaboración de los condenados con la justicia, el reconocimiento de los delitos, la reparación de las víctimas y las consecuencias que tendría su liberación para sus familiares. La acusación también plantea que el ministerio habría modificado criterios utilizados anteriormente para resolver solicitudes similares, sin que existieran cambios legislativos que justificaran esa diferencia. Según el documento, los tres condenados beneficiados ya se encuentran en libertad, lo que constituye uno de los principales fundamentos de este capítulo. Oposición acusa entrega de información incompleta al Congreso El tercer apartado está relacionado con las explicaciones entregadas por Fernando Rabat durante sus intervenciones ante el Poder Legislativo. Los parlamentarios cuestionan las declaraciones realizadas por el ministro ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y durante una sesión especial de la Cámara de Diputados, el día siguiente. En esas instancias, Rabat sostuvo que su cartera formalizaba decisiones adoptadas por las comisiones de reducción de condenas y que determinadas resoluciones judiciales condicionaban su actuación. Sin embargo, la oposición considera que el ministro habría entregado antecedentes incompletos o inexactos sobre las atribuciones del Ministerio de Justicia y los fundamentos de las decisiones adoptadas. Por esta razón, el libelo plantea una eventual vulneración del principio de probidad administrativa, contemplado en el artículo 8 de la Constitución y en la legislación que regula el funcionamiento de la Administración del Estado. Las imputaciones deberán ser examinadas durante la tramitación parlamentaria, instancia en la que el secretario de Estado podrá presentar sus descargos y argumentos de defensa. Gobierno mantiene respaldo a Fernando Rabat La acusación se presenta en medio de las diferencias políticas generadas por las rebajas de condenas. El presidente José Antonio Kast ha mantenido su respaldo al ministro de Justicia, pese a reconocer públicamente que las decisiones relacionadas con beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores constituyeron un error del Ejecutivo. El pasado 28 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando la salida del ministro y de dos subsecretarios de la cartera. Sin embargo, el Gobierno optó por mantener a Rabat en sus funciones y solicitar la implementación de medidas destinadas a revisar los procedimientos relacionados con las rebajas de condenas. Desde el oficialismo también se han realizado llamados a sus parlamentarios para rechazar la acusación constitucional. ¿Qué ocurre ahora con la acusación constitucional? Con el ingreso formal del documento, la Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento establecido para analizar las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. La tramitación contempla la conformación de una comisión encargada de estudiar los antecedentes, recibir la defensa del acusado y emitir un informe que posteriormente será sometido a consideración de la Sala. Si la Cámara declara que la acusación tiene mérito, el proceso avanzará al Senado, que deberá pronunciarse sobre las infracciones atribuidas al secretario de Estado. En caso de que la Cámara Alta declare culpable al ministro, Rabat será destituido de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años. Por ahora, la presentación del libelo no implica la destitución del secretario de Estado ni establece que las infracciones denunciadas hayan sido acreditadas. La definición quedará en manos del Congreso, donde oficialismo y oposición deberán fijar sus posiciones frente a una controversia que mantiene bajo cuestionamiento la actuación del Ministerio de Justicia.
El Gobierno de Chile anunció un acuerdo con organizaciones de camioneros para reducir en $142 por litro el precio del diésel y suspender nuevas alzas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, en una medida destinada a poner fin a la paralización del transporte de carga que se extendió durante tres días. El entendimiento fue confirmado este jueves 12 de noviembre desde La Moneda por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y representantes de organizaciones de transportistas. Tras una reunión de más de tres horas, las autoridades informaron que el acuerdo contempla cinco medidas relacionadas con los precios de los combustibles, la devolución de impuestos y beneficios para distintos segmentos del transporte. Sin embargo, el fin del paro no cuenta con la adhesión de todas las agrupaciones, ya que algunos transportistas independientes anunciaron que continuarán movilizados. ¿Cuánto bajarán el diésel y las bencinas? Uno de los principales puntos del acuerdo establece revertir las últimas alzas aplicadas a los combustibles. En el caso del diésel, se eliminará el incremento de $42 por litro registrado esta semana y se aplicará una rebaja adicional de $100, alcanzando una disminución total comprometida de $142 por litro. Para las gasolinas, en tanto, se contempla revertir el aumento de $39 por litro. Estas modificaciones requieren la aprobación de un proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo al Congreso, por lo que su aplicación dependerá de la tramitación legislativa. El Gobierno espera que la iniciativa pueda convertirse en ley durante la próxima semana. Precios de los combustibles tendrán un límite hasta marzo de 2027 El segundo eje del acuerdo establece un mecanismo para impedir que los precios de los combustibles superen determinados valores hasta el 31 de marzo de 2027. La medida considera como referencia los precios del 12 de noviembre, descontando las rebajas comprometidas. De esta forma, el precio máximo del diésel corresponderá al valor de esa fecha menos $142 por litro, mientras que en las gasolinas el límite será de $39 menos que el precio registrado ese mismo día. El mecanismo permitirá que los combustibles continúen bajando si las condiciones internacionales así lo determinan. En caso de posteriores aumentos, estos solo podrán aplicarse hasta alcanzar el límite establecido, sin superarlo durante la vigencia del acuerdo. Camioneros recibirán mayores devoluciones del impuesto específico El acuerdo también contempla modificaciones al sistema de recuperación del impuesto específico al diésel que beneficia al transporte de carga por carretera. Según la propuesta, los porcentajes de devolución aumentarán dependiendo del nivel de ventas anuales de cada empresa. Los nuevos tramos consideran una recuperación del 90% para transportistas con ventas de hasta 6.000 UF, del 65% para aquellos que registren ingresos entre 6.000 y 20.000 UF, y del 50% para empresas con ventas superiores a 20.000 UF. La medida busca reducir los costos operacionales del sector, especialmente entre pequeños y medianos transportistas afectados por los incrementos del combustible. También se contempla un mecanismo de compensación para evitar efectos financieros asociados a períodos en que el impuesto específico presente valores negativos. Acuerdo también beneficia a buses interurbanos Además del transporte de carga, el Ejecutivo anunció medidas dirigidas a empresas de buses que realizan recorridos interurbanos. Entre ellas destaca el aumento del porcentaje de recuperación de peajes, desde el 35% al 70%, lo que permitirá reducir parte de los costos asociados a la operación de estos servicios. El Gobierno también comprometió una mesa de trabajo con representantes del transporte de pasajeros para analizar otras demandas específicas del sector. Hacienda estima costo fiscal de US$500 millones El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que el conjunto de medidas tendrá un costo fiscal aproximado de 500 millones de dólares, considerando sus efectos durante 2026 y 2027. Según explicó, la mayor parte del gasto se concentrará durante el próximo año. El secretario de Estado aseguró que los recursos necesarios para implementar el acuerdo se encuentran dentro de las proyecciones presupuestarias del Ejecutivo y que no comprometerían los objetivos de consolidación fiscal. Algunos camioneros mantienen movilizaciones pese al acuerdo Aunque las negociaciones permitieron alcanzar un entendimiento con organizaciones del transporte de carga, el escenario sigue siendo diferente entre los distintos gremios. Representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y otras agrupaciones respaldaron las medidas anunciadas. Sin embargo, transportistas independientes y organizaciones que no suscribieron el acuerdo manifestaron su intención de continuar con las protestas, al considerar que las soluciones ofrecidas no responden completamente a sus demandas. Entre los grupos que expresaron reparos figura el movimiento No + TAG, cuyos representantes cuestionaron la falta de avances respecto de sus propias propuestas. Las movilizaciones pendientes se concentran en algunos sectores del norte y sur del país, además de rutas de acceso a la Región de Valparaíso. Por ahora, el Ejecutivo espera que la implementación de las rebajas y los beneficios tributarios contribuya a normalizar progresivamente las operaciones del transporte de carga. El cumplimiento de los compromisos dependerá de la aprobación legislativa de las medidas y de las definiciones que adopten las organizaciones que todavía mantienen movilizaciones.
El paro de camioneros en Chile comenzó a generar consecuencias económicas en Bolivia, luego de que transportistas del país vecino denunciaran que más de 700 vehículos de carga permanecen detenidos en las ciudades de Arica e Iquique debido a las movilizaciones por el aumento de los combustibles. La situación llevó a la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) a declararse en estado de emergencia durante este jueves 12 de noviembre, tras tres jornadas de dificultades para movilizar mercancías a través de los principales corredores internacionales. Según el gremio, las pérdidas económicas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos diarios, equivalentes a unos US$85 mil, cifra que considera los perjuicios derivados de la paralización de operaciones de transporte. Camiones bolivianos no pueden acceder a puertos del norte de Chile El presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón, advirtió que los bloqueos en las carreteras chilenas han impedido el desplazamiento normal de vehículos que utilizan los terminales portuarios de Arica, Iquique y Antofagasta. Estos puertos representan puntos estratégicos para el comercio exterior de Bolivia, ya que permiten movilizar mercancías de importación y exportación a través del océano Pacífico. El dirigente señaló que más de 700 camiones permanecen detenidos en Arica e Iquique, sin posibilidades de completar sus operaciones de carga y descarga. A estos vehículos se suman entre 100 y 150 unidades afectadas en el corredor de Antofagasta y Mejillones, de acuerdo con antecedentes difundidos por organizaciones del transporte boliviano. El problema también se extiende al territorio de Bolivia, donde más de 400 camiones cargados con productos de exportación esperan condiciones para ingresar a Chile. Transportistas denuncian pérdidas y multas por retrasos Las dificultades para acceder a los terminales portuarios están generando costos adicionales para las empresas de transporte internacional. Según Cadetran, las pérdidas alcanzan aproximadamente un millón de bolivianos por cada jornada de paralización, afectando principalmente a transportistas que dependen de los recorridos hacia los puertos chilenos. El dirigente de los transportistas de Santa Cruz, Marcelo Cruz, agregó que algunas operaciones enfrentan multas de hasta 2.000 bolivianos diarios, equivalentes a unos US$170, por retrasos relacionados con el ingreso a los terminales. Los representantes del sector sostienen que estas obligaciones económicas deben ser asumidas por los transportistas, pese a que las dificultades se originan en interrupciones externas a sus operaciones. Bolivia buscará gestiones diplomáticas para liberar el tránsito de carga Frente al escenario, los dirigentes bolivianos anunciaron que solicitarán la intervención de su Cancillería para establecer conversaciones con las autoridades chilenas. El objetivo es encontrar mecanismos que permitan habilitar el tránsito de los vehículos detenidos y garantizar el desplazamiento de mercancías hacia los puntos de descarga. Ayllón planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan a los camioneros completar sus recorridos, considerando que las restricciones afectan directamente a la actividad comercial entre ambos países. La preocupación también alcanza al abastecimiento de combustibles en Bolivia, especialmente en su zona occidental, que depende parcialmente del ingreso de productos energéticos a través de puertos chilenos. Por ahora, las autoridades bolivianas no han confirmado un desabastecimiento como consecuencia de las movilizaciones. Gobierno chileno alcanza acuerdo, pero continúan algunas protestas Las manifestaciones de camioneros comenzaron el martes 10 de noviembre en distintas regiones de Chile, en rechazo al incremento de los precios del diésel y las gasolinas. Tras tres días de movilizaciones, el Gobierno anunció un acuerdo con las principales organizaciones del transporte de carga, que contempla una rebaja comprometida de $142 por litro de diésel y restricciones a nuevas alzas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. El entendimiento también considera modificaciones tributarias para aliviar los costos operacionales del sector. Sin embargo, algunas agrupaciones independientes rechazaron las medidas y anunciaron que mantendrán las movilizaciones, especialmente en determinadas rutas del norte y sur del país. Por esta razón, la normalización del transporte internacional todavía depende de la evolución de las protestas y de la recuperación del tránsito en los principales corredores hacia los puertos. Comercio exterior de Bolivia enfrenta incertidumbre La situación refleja la importancia estratégica de las carreteras y puertos del norte de Chile para el movimiento de mercancías bolivianas. Los retrasos en el transporte afectan no solo a los conductores y empresas de carga, sino también a las operaciones logísticas, los compromisos comerciales y el abastecimiento de productos provenientes del exterior. Mientras los gremios esperan respuestas de las autoridades, cientos de camiones continúan afectados por las restricciones de circulación, con consecuencias económicas que aumentan por cada jornada de paralización. El sector boliviano mantiene su estado de emergencia y busca una solución que permita restablecer el flujo de carga entre ambos países.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) descartó haber convocado a un paro nacional de camioneros para este lunes 9 de noviembre, en medio de las manifestaciones que distintos grupos de transportistas comenzaron a desarrollar en carreteras del país debido al sostenido incremento en los precios de los combustibles. A través de una declaración dirigida a sus asociados, la organización gremial desmintió las convocatorias que han circulado utilizando su nombre y aclaró que cualquier decisión relacionada con una eventual paralización debe ser consultada previamente con sus bases. La aclaración se produce en una jornada marcada por protestas en sectores de las regiones del Maule, Biobío y Los Lagos, donde transportistas exigen medidas para enfrentar el encarecimiento de sus costos operacionales. CNTC asegura que no ha convocado a paralizaciones La organización fue enfática en señalar que no participa en los llamados a detener las actividades del transporte de carga durante esta jornada. Desde el gremio explicaron que las decisiones sobre movilizaciones deben adoptarse mediante los mecanismos internos de consulta y coordinación con sus asociaciones. De esta manera, la CNTC tomó distancia de las acciones impulsadas por otros grupos de camioneros, aunque reconoció que comparte la preocupación por las dificultades económicas que enfrenta el rubro. El presidente de la confederación, Sergio Pérez, también reiteró que las principales organizaciones del transporte de carga mantienen conversaciones con el Gobierno para avanzar en soluciones legislativas y económicas. Manifestaciones de camioneros se registran en distintas rutas Durante la mañana de este lunes, transportistas comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la zona centro-sur del país para manifestar su rechazo a las constantes alzas del petróleo diésel. Entre las localidades donde se reportaron protestas figuran Los Ángeles, Osorno y Curicó, con presencia de camiones en sectores cercanos a la Ruta 5 Sur. En la Región del Biobío, las manifestaciones se concentraron en las inmediaciones del Salto del Laja, al norte de Los Ángeles. En Osorno, camioneros se reunieron en el sector de Pilauco, mientras que en Curicó se registraron concentraciones a la altura del cruce de Romeral. De acuerdo con los reportes de la jornada, las manifestaciones se desarrollaron principalmente a un costado de las rutas, sin registrarse bloqueos generalizados en esos puntos. Los participantes solicitaron al Ejecutivo medidas para estabilizar el precio de los combustibles y enfrentar las dificultades que afectan especialmente a pequeños y medianos transportistas. Alza del diésel mantiene preocupación en el transporte de carga Aunque descartó sumarse a las movilizaciones, la CNTC reconoció que el aumento de los combustibles representa uno de los principales problemas económicos del sector. La confederación sostuvo que desde marzo mantiene gestiones para conseguir que los incrementos en el precio del diésel se incorporen a las tarifas que reciben las empresas y conductores por sus servicios de transporte. El objetivo es evitar que los transportistas deban absorber completamente las variaciones del combustible, considerando que este constituye uno de los principales componentes de sus costos operacionales. Entre las alternativas planteadas se encuentra el establecimiento de mecanismos que permitan ajustar las tarifas de los fletes de acuerdo con las variaciones de los precios energéticos. Gremio también solicita avanzar en una ley de pesaje Además del problema de los combustibles, la CNTC reiteró su interés en impulsar cambios legales relacionados con la responsabilidad por el peso de las mercancías transportadas. La organización ha solicitado al Gobierno avanzar en una ley de pesaje que establezca responsabilidades para los propietarios de las cargas, evitando que las consecuencias de eventuales excesos recaigan exclusivamente sobre los dueños o conductores de los camiones. Desde el gremio consideran que esta modificación permitiría mejorar las condiciones de operación y distribuir de manera más equitativa las responsabilidades dentro de la cadena logística. La confederación sostuvo que continuará trabajando mediante el diálogo con las autoridades y el Congreso para promover soluciones a las demandas del sector. Otros gremios mantienen convocatoria a paro para el 10 de noviembre Pese a la decisión de la CNTC, otras organizaciones de transportistas mantienen llamados a movilización para este martes 10 de noviembre. Entre ellas se encuentra la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que ha impulsado una convocatoria a paralización nacional ante el aumento del precio del diésel y las dificultades para ajustar las tarifas de los fletes. Sin embargo, la convocatoria no cuenta con la adhesión de todas las principales confederaciones del transporte de carga, por lo que no corresponde considerarla una paralización generalizada del sector. En este escenario, la CNTC llamó a sus asociados a informarse mediante sus canales oficiales y evitar difundir convocatorias que no hayan sido confirmadas por la organización. Por ahora, las diferencias entre los gremios mantienen abierto el escenario de movilizaciones, mientras los transportistas esperan respuestas del Gobierno frente al incremento de los combustibles.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, exigió la devolución de los bonos pagados en Codelco sobre la base de cifras de producción cuestionadas, en medio de una investigación que busca esclarecer irregularidades en los registros de la principal empresa estatal del cobre. La controversia surgió luego de que se detectaran inconsistencias que habrían elevado artificialmente los niveles de producción informados por la compañía durante 2024 y 2025, alcanzando preliminarmente las 42.100 toneladas. El caso, que ya derivó en la desvinculación de ocho altos ejecutivos y profesionales, podría generar un impacto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, según los antecedentes entregados por la estatal. En una entrevista concedida este lunes a Radio ADN, el secretario de Estado reconoció que los mecanismos de supervisión fueron insuficientes y advirtió que las responsabilidades podrían extenderse más allá de los funcionarios que dejaron sus cargos. Ministro Mas no descarta responsabilidades del directorio de Codelco Consultado sobre el alcance de las irregularidades, Daniel Mas sostuvo que las investigaciones deben avanzar hasta determinar la eventual participación de todas las personas involucradas, independientemente de sus cargos dentro de la empresa. La autoridad recordó que, además de los ocho ejecutivos recientemente desvinculados, otras personas ya habían abandonado la compañía antes de que se conocieran los últimos antecedentes. En ese contexto, afirmó que el Gobierno solicitó ampliar las indagatorias para identificar posibles responsabilidades tanto en los niveles operativos como en la alta administración. Al ser consultado directamente sobre el papel del directorio que encabezaba Máximo Pacheco, el ministro rechazó excluir anticipadamente a sus integrantes de la revisión. Yo no estoy excluyendo a nadie, expresó, agregando que la investigación debe establecer las responsabilidades que correspondan. Mas también reconoció que el directorio tiene deberes de supervisión sobre la gestión de la empresa, aunque evitó atribuir responsabilidades individuales antes de conocer los resultados definitivos. Cifras alteradas podrían representar hasta US$140 millones Las irregularidades investigadas están relacionadas con diferencias en los registros de producción e inventarios de cobre de Codelco. Según información preliminar de la compañía, las inconsistencias habrían provocado una sobreestimación de 42.100 toneladas de producción durante los ejercicios 2024 y 2025. Entre los antecedentes detectados figuran duplicidades en la contabilización de material entre distintas divisiones, lo que habría generado diferencias en los inventarios informados. La estatal calcula que las irregularidades podrían tener un efecto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, monto que todavía está siendo revisado por sus auditores. El caso involucra antecedentes de divisiones como Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata, además de áreas de la Casa Matriz. Denuncia anónima permitió detectar fallas en los controles Uno de los puntos más cuestionados por el ministro fue la incapacidad de los sistemas de supervisión para detectar oportunamente las inconsistencias. Mas reconoció que tanto los mecanismos internos como los controles externos de la compañía resultaron insuficientes para identificar las irregularidades. Según explicó, los antecedentes comenzaron a conocerse gracias a una denuncia anónima que permitió activar las investigaciones. El secretario de Estado advirtió que, sin esa alerta, las diferencias en los registros de producción podrían haber continuado sin ser detectadas. Ante esta situación, aseguró que el Gobierno buscará fortalecer la fiscalización de las principales empresas públicas, mientras Codelco implementa medidas para mejorar sus procesos de registro, auditoría y control. Gobierno exige recuperar bonos pagados con cifras cuestionadas Otro de los aspectos centrales de la investigación corresponde a los incentivos económicos entregados a trabajadores y ejecutivos por el cumplimiento de metas de producción. El biministro sostuvo que los pagos realizados sobre la base de resultados que posteriormente fueron cuestionados deben ser restituidos. Se tienen que devolver los bonos todos, todos, afirmó durante la entrevista. Sin embargo, la autoridad no precisó qué mecanismos legales o administrativos se utilizarán para exigir la devolución en caso de que existan personas que se nieguen a reintegrar los recursos. Mas explicó que la administración de Codelco ya mantiene conversaciones con los distintos grupos que recibieron estos incentivos para determinar cómo abordar la situación. Por ahora, no se ha informado una cifra definitiva sobre el monto total de los bonos involucrados. Codelco enfrenta revisión de su gestión y cultura interna Además de las responsabilidades individuales, el ministro planteó que las irregularidades reflejan problemas más profundos en el funcionamiento de la compañía. A su juicio, la presión por cumplir determinadas metas de producción pudo haber generado incentivos que afectaron la calidad y confiabilidad de la información presentada. Por ello, sostuvo que la estatal debe avanzar hacia una gestión que priorice la transparencia, la seguridad, la productividad y la rentabilidad. Codelco, por su parte, mantiene investigaciones internas y auditorías externas para determinar el alcance de las inconsistencias, sus efectos financieros y las eventuales responsabilidades. El directorio también ha anunciado medidas para fortalecer los sistemas de control y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. Mientras continúan las indagatorias, el Gobierno insiste en que la investigación no debe limitarse a los ocho ejecutivos desvinculados, sino esclarecer todas las responsabilidades y establecer los mecanismos necesarios para recuperar los recursos que eventualmente fueron pagados de manera indebida.
