El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con el borrador final del proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual está a punto de convertirse en ley. Esta normativa busca establecer un marco legal para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Según explicó el ministro de Seguridad, Martin Arrau, Se excluyó a Gendarmería de Chile porque en su ley orgánica se va a incluir cómo se aplica la fuerza. Entonces quedó para Carabineros y Policía de Investigaciones en servicio y para las Fuerzas Armadas en un título aparte, en el caso de que ellos deban hacer uso de ciertas hipótesis, como estados de excepción, y si se llegara a aplicar la infraestructura crítica que todavía está en punto muerto en la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con el texto, el uso de la fuerza se entiende como una facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior. Este uso puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros, con el potencial de provocar lesiones e incluso la muerte. Todo esto se rige bajo cuatro principios: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Según el secretario de Estado, esta norma busca considerar situaciones en las que carabineros deben enfrentar escenarios de alto riesgo y tomar decisiones rápidas. Y es ahí donde se plantean estas hipótesis, se va escalando el uso de la fuerza y cuándo se puede usar uno u otro tipo de fuerza, desde la disuasión verbal, disuasivos químicos, hasta llegar al uso de fuerza potencialmente letal, con ciertos criterios de legalidad, explicó. Arrau también aclaró que esta ley no cambia el tipo de armamento que las policías utilizan. Ellos van a salir con los mismos tipos de elementos, desde la disuasión verbal hasta armas de fuego. Son los mismos, pero las hipótesis de empleo hoy día están por rango legal. De hecho, lo que hace esta ley es recoger muchos de los elementos que están en una dispersión de normas y los concentra en la ley. Consultado sobre si esta ley generará un trato distinto por parte de Carabineros hacia manifestantes, Arrau afirmó que las técnicas son exactamente las mismas, pero ahora habrá más certeza sobre qué tipo de respuesta está permitida en cada escenario. Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —carabineros y PDI— se establece una matriz con cinco grados de resistencia o agresión que corresponden con los grados de uso de la fuerza: 1. Cooperación: colaboración y acatamiento. 2. Resistencia pasiva: negativa sin violencia. 3. Resistencia activa: resistencia física o evasión. 4. Agresión activa: afectaciones sin letalidad. 5. Agresión activa potencialmente letal: afectaciones graves o muerte. También se establecen cinco grados para el uso efectivo por parte del personal policial: 1. Presencia: vigilancia pasiva. 2. Actuación mediante técnicas comunicativas: persuasión verbal. 3. Reducción física: control físico del transgresor. 4. Utilización menos letal: fuerza física o armamento menos letal. 5. Utilización potencialmente letal: medida extrema justificada en casos específicos. Sobre la responsabilidad legal del personal policial frente a estas reglas, Arrau mencionó: Se debe demostrar que incumplieron estas reglas o actuaron con dolo o actuaron inadecuadamente para que puedan ser imputables. Además añadió: Pero también se les da ciertas garantías a los funcionarios mientras son cuestionados o procesados en esta materia. Entonces es una ley que protege bastante a los funcionarios pero también da claridad a la población sobre cuál es el marco. Sobre la publicación oficial de esta ley, Arrau señaló que se debe revisar si se activaron reservas constitucionales lo cual podría extender los plazos previstos inicialmente. Igual son plazos acotados; nosotros esperamos idealmente dentro de este mes que esté publicado, pero hay un proceso intermedio que no depende del gobierno, concluyó. Fuente: BioBioChile
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ha dado inicio al proceso de captura anticipada de fotografías para la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 2027, dirigido a cerca de 300 mil estudiantes en todo el país. Esta iniciativa está dirigida a alumnos que actualmente cursan cuarto y octavo básico, ya que el próximo año pasarán a quinto básico y primero medio, respectivamente. El objetivo principal es agilizar el trámite para que los estudiantes puedan disponer de su nueva TNE desde el inicio del año escolar 2027. Para lograrlo, se permitirá tomar la fotografía en el propio establecimiento educativo, con la asistencia del encargado de la TNE y utilizando un capturador web. Además, Junaeb desplegará alrededor de 3 mil módulos de atención en más de 2.500 establecimientos educativos en todo el país. Estos operativos se mantendrán activos hasta finales de noviembre. Plazo para la fotografía de la TNE 2027 El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, ha explicado que adelantar este proceso tiene como objetivo evitar retrasos en la entrega de las tarjetas durante el próximo año. “Estamos tomando las fotografías con anticipación para que el próximo año, idealmente en marzo o a más tardar en abril, los alumnos ya tengan su TNE. Invito a los directores de los establecimientos a coordinar este proceso temprano con la Junaeb regional”, señaló Peña. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias para aquellos que no completen el trámite antes del 30 de noviembre. “Quienes no realicen este proceso antes del 30 de noviembre tendrán que tomarse la fotografía el próximo año, lo que inevitablemente retrasará la llegada de la tarjeta”, explicó Peña. Este proceso se inició en Copiapó e incluye a 8.930 estudiantes de la Región de Atacama, dentro del grupo aproximado de 300 mil alumnos convocados a nivel nacional. En cuanto a los estudiantes de educación superior, Junaeb ha informado que el proceso de captura de fotografías para la TNE comenzará en enero de 2027. Fuente: BioBioChile
La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado el proyecto denominado “Ley Toretto 2.0”, el cual tiene como objetivo ampliar las facultades de los tribunales para suspender temporalmente la licencia de conducir de aquellos investigados por delitos de conducción temeraria. Con un respaldo unánime de 137 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, esta propuesta avanza ahora hacia su siguiente etapa en el Senado. Actualmente, la ley permite la suspensión temporal de la licencia principalmente en casos de conducción bajo la influencia del alcohol o drogas. Sin embargo, este proyecto busca extender esta medida cautelar a otros delitos viales graves, incluyendo la conducción temeraria, con el fin de evitar que los formalizados por estos hechos continúen manejando durante la investigación. Uno de los incidentes que motivó esta discusión fue el caso de un conductor que fue sorprendido circulando a 264 kilómetros por hora por Costanera Norte. A pesar de ser formalizado por conducción temeraria, la legislación vigente no permitía retirarle temporalmente su licencia por este delito. El diputado Ignacio Achurra, uno de los impulsores del proyecto, explicó que su objetivo es permitir a los jueces ordenar la retención de la licencia no solo por consumo de alcohol o drogas, sino también en casos de conducción temeraria. El parlamentario destacó el apoyo transversal que ha recibido la propuesta y agradeció al Gobierno por otorgarle suma urgencia. “Esperamos que muy pronto pueda cumplirse en ley de la República y que veamos, ahora sí, con satisfacción que una persona que comete un delito de conducción temeraria se devuelva a su casa en micro y no manejando su vehículo, poniendo en riesgo la vida de las demás personas”, señaló Achurra. Durante la discusión previa del proyecto, el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, presentó datos sobre el impacto de la velocidad en los accidentes viales. Según los datos expuestos ante la comisión, la velocidad imprudente estuvo relacionada con 4.486 víctimas fatales entre 2016 y 2025, mientras que solo en 2025 se registraron 378 fallecidos asociados a este factor. Con su aprobación en la Cámara, el proyecto pasa ahora al Senado para iniciar su segundo trámite constitucional. Fuente: Publimetro
La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó detalladamente este martes las razones detrás de la propuesta del Gobierno para poner fin al programa “Yo Elijo mi PC”, el cual ha sido fundamental en la entrega de computadores a estudiantes a lo largo de los años. Esta determinación se refleja en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el cual no contempla fondos para continuar con la distribución de equipos y ha generado críticas tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo. En una entrevista en el ciclo de Icare “Conoce a tu ministra”, Arzola afirmó sentirse “tranquila” con la propuesta presupuestaria de su cartera, enfocándose en prioridades como los aprendizajes y la primera infancia. Respecto a “Yo Elijo mi PC”, la ministra reconoció que las críticas son “legítimas”, pero destacó la importancia de evaluar tanto la implementación como el impacto real del programa una vez que los estudiantes reciben los computadores. “Esas evaluaciones de impacto lo que muestran es que este programa ha tenido un impacto nulo en esos objetivos que declara el programa”, afirmó Arzola, justificando así la decisión del Ejecutivo. A pesar de esto, Arzola aclaró que retirar el financiamiento no implica ignorar los posibles efectos positivos que pueda tener la entrega de computadores a los estudiantes. La ministra indicó que la decisión se basa en evidencia con el objetivo de reorientar recursos hacia iniciativas más efectivas dadas las restricciones fiscales actuales. El programa, originado en 2009, ha sido parte de las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), buscando facilitar el acceso a tecnología y conectividad a estudiantes vulnerables. A pesar de esta determinación, aún existe la posibilidad de modificarla durante las discusiones presupuestarias. Arzola mencionó previamente que hay espacio para dialogar con los parlamentarios durante el proceso de tramitación del Presupuesto 2027. El posible fin de “Yo Elijo mi PC” ha generado críticas generalizadas. Tanto la oposición como parlamentarios oficialistas han solicitado al Ejecutivo reconsiderar esta medida. Por ejemplo, la bancada de diputados de la UDI propuso fortalecer el programa en lugar de eliminarlo, argumentando su importancia en relación con el acceso a tecnología y la reducción de la brecha digital. Fuente: Publimetro
La Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Concepción tras enterarse de una presunta relación sentimental entre una funcionaria y un adolescente bajo su cuidado. Los hechos habrían tenido lugar en la residencia Chacabuco, en Concepción, donde el joven estaba protegido por el Estado. La Dirección Regional del servicio entregó los antecedentes al Ministerio Público, que inició una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar posibles delitos o vulneraciones de derechos. Paralelamente, la Policía de Investigaciones (PDI) está llevando a cabo diligencias y citando a declarar a los funcionarios que trabajaban en la residencia como parte de la investigación. Según declaraciones a Radio Bío Bío, la denuncia se presentó en cuanto se tomó conocimiento de la situación, aunque no se proporcionaron más detalles debido a la naturaleza en curso de la investigación. El Servicio de Protección tampoco confirmó públicamente la naturaleza exacta de la relación denunciada, indicando que se relaciona con posibles vulneraciones de derechos de menores. Se ha informado que la funcionaria involucrada ya no trabaja en ninguna residencia dependiente del Servicio de Protección. A pesar de los antecedentes entregados a la Fiscalía, el organismo ha decidido no iniciar un sumario administrativo por estos hechos. Fuente: BioBioChile
El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con el borrador final del proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual está a punto de convertirse en ley. Esta normativa busca establecer un marco legal para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Según explicó el ministro de Seguridad, Martin Arrau, Se excluyó a Gendarmería de Chile porque en su ley orgánica se va a incluir cómo se aplica la fuerza. Entonces quedó para Carabineros y Policía de Investigaciones en servicio y para las Fuerzas Armadas en un título aparte, en el caso de que ellos deban hacer uso de ciertas hipótesis, como estados de excepción, y si se llegara a aplicar la infraestructura crítica que todavía está en punto muerto en la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con el texto, el uso de la fuerza se entiende como una facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior. Este uso puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros, con el potencial de provocar lesiones e incluso la muerte. Todo esto se rige bajo cuatro principios: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Según el secretario de Estado, esta norma busca considerar situaciones en las que carabineros deben enfrentar escenarios de alto riesgo y tomar decisiones rápidas. Y es ahí donde se plantean estas hipótesis, se va escalando el uso de la fuerza y cuándo se puede usar uno u otro tipo de fuerza, desde la disuasión verbal, disuasivos químicos, hasta llegar al uso de fuerza potencialmente letal, con ciertos criterios de legalidad, explicó. Arrau también aclaró que esta ley no cambia el tipo de armamento que las policías utilizan. Ellos van a salir con los mismos tipos de elementos, desde la disuasión verbal hasta armas de fuego. Son los mismos, pero las hipótesis de empleo hoy día están por rango legal. De hecho, lo que hace esta ley es recoger muchos de los elementos que están en una dispersión de normas y los concentra en la ley. Consultado sobre si esta ley generará un trato distinto por parte de Carabineros hacia manifestantes, Arrau afirmó que las técnicas son exactamente las mismas, pero ahora habrá más certeza sobre qué tipo de respuesta está permitida en cada escenario. Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —carabineros y PDI— se establece una matriz con cinco grados de resistencia o agresión que corresponden con los grados de uso de la fuerza: 1. Cooperación: colaboración y acatamiento. 2. Resistencia pasiva: negativa sin violencia. 3. Resistencia activa: resistencia física o evasión. 4. Agresión activa: afectaciones sin letalidad. 5. Agresión activa potencialmente letal: afectaciones graves o muerte. También se establecen cinco grados para el uso efectivo por parte del personal policial: 1. Presencia: vigilancia pasiva. 2. Actuación mediante técnicas comunicativas: persuasión verbal. 3. Reducción física: control físico del transgresor. 4. Utilización menos letal: fuerza física o armamento menos letal. 5. Utilización potencialmente letal: medida extrema justificada en casos específicos. Sobre la responsabilidad legal del personal policial frente a estas reglas, Arrau mencionó: Se debe demostrar que incumplieron estas reglas o actuaron con dolo o actuaron inadecuadamente para que puedan ser imputables. Además añadió: Pero también se les da ciertas garantías a los funcionarios mientras son cuestionados o procesados en esta materia. Entonces es una ley que protege bastante a los funcionarios pero también da claridad a la población sobre cuál es el marco. Sobre la publicación oficial de esta ley, Arrau señaló que se debe revisar si se activaron reservas constitucionales lo cual podría extender los plazos previstos inicialmente. Igual son plazos acotados; nosotros esperamos idealmente dentro de este mes que esté publicado, pero hay un proceso intermedio que no depende del gobierno, concluyó. Fuente: BioBioChile
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ha dado inicio al proceso de captura anticipada de fotografías para la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 2027, dirigido a cerca de 300 mil estudiantes en todo el país. Esta iniciativa está dirigida a alumnos que actualmente cursan cuarto y octavo básico, ya que el próximo año pasarán a quinto básico y primero medio, respectivamente. El objetivo principal es agilizar el trámite para que los estudiantes puedan disponer de su nueva TNE desde el inicio del año escolar 2027. Para lograrlo, se permitirá tomar la fotografía en el propio establecimiento educativo, con la asistencia del encargado de la TNE y utilizando un capturador web. Además, Junaeb desplegará alrededor de 3 mil módulos de atención en más de 2.500 establecimientos educativos en todo el país. Estos operativos se mantendrán activos hasta finales de noviembre. Plazo para la fotografía de la TNE 2027 El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, ha explicado que adelantar este proceso tiene como objetivo evitar retrasos en la entrega de las tarjetas durante el próximo año. “Estamos tomando las fotografías con anticipación para que el próximo año, idealmente en marzo o a más tardar en abril, los alumnos ya tengan su TNE. Invito a los directores de los establecimientos a coordinar este proceso temprano con la Junaeb regional”, señaló Peña. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias para aquellos que no completen el trámite antes del 30 de noviembre. “Quienes no realicen este proceso antes del 30 de noviembre tendrán que tomarse la fotografía el próximo año, lo que inevitablemente retrasará la llegada de la tarjeta”, explicó Peña. Este proceso se inició en Copiapó e incluye a 8.930 estudiantes de la Región de Atacama, dentro del grupo aproximado de 300 mil alumnos convocados a nivel nacional. En cuanto a los estudiantes de educación superior, Junaeb ha informado que el proceso de captura de fotografías para la TNE comenzará en enero de 2027. Fuente: BioBioChile
La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado el proyecto denominado “Ley Toretto 2.0”, el cual tiene como objetivo ampliar las facultades de los tribunales para suspender temporalmente la licencia de conducir de aquellos investigados por delitos de conducción temeraria. Con un respaldo unánime de 137 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, esta propuesta avanza ahora hacia su siguiente etapa en el Senado. Actualmente, la ley permite la suspensión temporal de la licencia principalmente en casos de conducción bajo la influencia del alcohol o drogas. Sin embargo, este proyecto busca extender esta medida cautelar a otros delitos viales graves, incluyendo la conducción temeraria, con el fin de evitar que los formalizados por estos hechos continúen manejando durante la investigación. Uno de los incidentes que motivó esta discusión fue el caso de un conductor que fue sorprendido circulando a 264 kilómetros por hora por Costanera Norte. A pesar de ser formalizado por conducción temeraria, la legislación vigente no permitía retirarle temporalmente su licencia por este delito. El diputado Ignacio Achurra, uno de los impulsores del proyecto, explicó que su objetivo es permitir a los jueces ordenar la retención de la licencia no solo por consumo de alcohol o drogas, sino también en casos de conducción temeraria. El parlamentario destacó el apoyo transversal que ha recibido la propuesta y agradeció al Gobierno por otorgarle suma urgencia. “Esperamos que muy pronto pueda cumplirse en ley de la República y que veamos, ahora sí, con satisfacción que una persona que comete un delito de conducción temeraria se devuelva a su casa en micro y no manejando su vehículo, poniendo en riesgo la vida de las demás personas”, señaló Achurra. Durante la discusión previa del proyecto, el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, presentó datos sobre el impacto de la velocidad en los accidentes viales. Según los datos expuestos ante la comisión, la velocidad imprudente estuvo relacionada con 4.486 víctimas fatales entre 2016 y 2025, mientras que solo en 2025 se registraron 378 fallecidos asociados a este factor. Con su aprobación en la Cámara, el proyecto pasa ahora al Senado para iniciar su segundo trámite constitucional. Fuente: Publimetro
La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó detalladamente este martes las razones detrás de la propuesta del Gobierno para poner fin al programa “Yo Elijo mi PC”, el cual ha sido fundamental en la entrega de computadores a estudiantes a lo largo de los años. Esta determinación se refleja en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el cual no contempla fondos para continuar con la distribución de equipos y ha generado críticas tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo. En una entrevista en el ciclo de Icare “Conoce a tu ministra”, Arzola afirmó sentirse “tranquila” con la propuesta presupuestaria de su cartera, enfocándose en prioridades como los aprendizajes y la primera infancia. Respecto a “Yo Elijo mi PC”, la ministra reconoció que las críticas son “legítimas”, pero destacó la importancia de evaluar tanto la implementación como el impacto real del programa una vez que los estudiantes reciben los computadores. “Esas evaluaciones de impacto lo que muestran es que este programa ha tenido un impacto nulo en esos objetivos que declara el programa”, afirmó Arzola, justificando así la decisión del Ejecutivo. A pesar de esto, Arzola aclaró que retirar el financiamiento no implica ignorar los posibles efectos positivos que pueda tener la entrega de computadores a los estudiantes. La ministra indicó que la decisión se basa en evidencia con el objetivo de reorientar recursos hacia iniciativas más efectivas dadas las restricciones fiscales actuales. El programa, originado en 2009, ha sido parte de las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), buscando facilitar el acceso a tecnología y conectividad a estudiantes vulnerables. A pesar de esta determinación, aún existe la posibilidad de modificarla durante las discusiones presupuestarias. Arzola mencionó previamente que hay espacio para dialogar con los parlamentarios durante el proceso de tramitación del Presupuesto 2027. El posible fin de “Yo Elijo mi PC” ha generado críticas generalizadas. Tanto la oposición como parlamentarios oficialistas han solicitado al Ejecutivo reconsiderar esta medida. Por ejemplo, la bancada de diputados de la UDI propuso fortalecer el programa en lugar de eliminarlo, argumentando su importancia en relación con el acceso a tecnología y la reducción de la brecha digital. Fuente: Publimetro
La Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Concepción tras enterarse de una presunta relación sentimental entre una funcionaria y un adolescente bajo su cuidado. Los hechos habrían tenido lugar en la residencia Chacabuco, en Concepción, donde el joven estaba protegido por el Estado. La Dirección Regional del servicio entregó los antecedentes al Ministerio Público, que inició una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar posibles delitos o vulneraciones de derechos. Paralelamente, la Policía de Investigaciones (PDI) está llevando a cabo diligencias y citando a declarar a los funcionarios que trabajaban en la residencia como parte de la investigación. Según declaraciones a Radio Bío Bío, la denuncia se presentó en cuanto se tomó conocimiento de la situación, aunque no se proporcionaron más detalles debido a la naturaleza en curso de la investigación. El Servicio de Protección tampoco confirmó públicamente la naturaleza exacta de la relación denunciada, indicando que se relaciona con posibles vulneraciones de derechos de menores. Se ha informado que la funcionaria involucrada ya no trabaja en ninguna residencia dependiente del Servicio de Protección. A pesar de los antecedentes entregados a la Fiscalía, el organismo ha decidido no iniciar un sumario administrativo por estos hechos. Fuente: BioBioChile
