La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos con condenas penales vigentes que permanecían vinculados a organismos del Estado, según los resultados de un nuevo informe de fiscalización difundido el martes 17 de noviembre. El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, documento que identificó un total de 317 registros de condena asociados a las 315 personas, debido a que dos funcionarios presentan más de una sentencia. El organismo advirtió que estas situaciones podrían contravenir las disposiciones legales que regulan el ingreso y la permanencia en la Administración Pública, particularmente lo establecido en el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575. De acuerdo con el reporte, 166 funcionarios pertenecen a organismos del Gobierno central y otros 149 se desempeñan en administraciones locales. Carabineros y Ejército concentran la mayor cantidad de casos El análisis de Contraloría identificó diferencias importantes entre las instituciones públicas que aparecen en el registro. Carabineros de Chile encabeza la nómina con 84 funcionarios que presentan condenas penales, seguido por el Ejército, con 22 casos, y la Armada, con ocho. Entre las instituciones municipales destaca Valdivia, con seis funcionarios, mientras que la Fuerza Aérea de Chile registra cinco. El informe también identifica trabajadores en otras municipalidades del país, entre ellas Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán, Puerto Montt y Tocopilla. El desglose informado por Contraloría es el siguiente: Carabineros de Chile: 84 funcionarios. Ejército de Chile: 22 funcionarios. Armada de Chile: 8 funcionarios. Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios. Fuerza Aérea de Chile: 5 funcionarios. Municipalidad de Hualpén: 4 funcionarios. Municipalidad de Tierra Amarilla: 4 funcionarios. Municipalidad de Chillán: 4 funcionarios. Municipalidad de Puerto Montt: 4 funcionarios. Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios. Estas cifras corresponden a la cantidad de personas identificadas por institución y no representan necesariamente la proporción de funcionarios afectados respecto de la dotación total de cada organismo. Informe registra 73 casos por crímenes y 244 condenas por simples delitos Otro de los antecedentes relevantes se relaciona con la gravedad de los hechos que originaron las condenas. Según el documento, 73 personas registran condenas por crímenes, mientras que los otros 244 registros corresponden a simples delitos. La revisión también estableció que 41 condenas están vinculadas a figuras penales contempladas en el Título V del Libro II del Código Penal, relativo a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Estos 41 casos representan aproximadamente el 13% de los registros examinados. La información permite dimensionar las distintas situaciones penales detectadas, aunque el reporte no entrega antecedentes individualizados sobre las circunstancias de cada condena. ¿Cómo detectó Contraloría a los funcionarios con condenas? Para elaborar el informe, la Contraloría cruzó información proveniente de tres fuentes oficiales. La primera fue el Registro Nacional de Condenas, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que contiene antecedentes sobre sentencias penales. También se utilizaron registros del Servicio Electoral (Servel) y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Mediante este procedimiento, el organismo identificó coincidencias entre personas que registraban condenas y trabajadores que continuaban vinculados a instituciones públicas. El cruce permitió establecer la existencia de 317 registros penales asociados a 315 funcionarios, con antecedentes que deberán ser revisados por cada servicio involucrado. Contraloría ordena investigar eventuales responsabilidades administrativas Tras conocer los resultados, el organismo fiscalizador instruyó a las reparticiones públicas involucradas iniciar las investigaciones correspondientes. Uno de los objetivos será determinar si los funcionarios informaron oportunamente sus condenas a sus superiores jerárquicos y si existieron omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas. Además, las instituciones deberán iniciar los procedimientos para evaluar la aplicación de la inhabilidad sobreviniente, figura que contempla situaciones que impiden continuar desempeñando funciones públicas después de haber ingresado a la Administración del Estado. La Contraloría también solicitó revisar si los antecedentes penales fueron considerados adecuadamente en los procesos de calificación funcionaria, particularmente en aspectos relacionados con el comportamiento y la probidad. Estas medidas buscan esclarecer las circunstancias particulares de cada caso y determinar las actuaciones administrativas que correspondan. Revisión abre nuevo proceso de fiscalización en el sector público El informe CIC N.º 29 incorpora nuevos antecedentes al trabajo de fiscalización sobre el cumplimiento de las obligaciones legales de los funcionarios estatales. La detección de personas con condenas vigentes plantea interrogantes sobre los mecanismos de comunicación, actualización y revisión de antecedentes utilizados por los organismos públicos. En adelante, cada institución deberá analizar los casos observados y adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable. La identificación de los 315 funcionarios no implica que todos hayan sido destituidos ni que exista una resolución administrativa definitiva sobre cada situación. Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa de investigación y revisión de responsabilidades, conforme a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República.
El proyecto de Sala Cuna Universal dio un nuevo paso en su tramitación legislativa, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara las modificaciones a su sistema de financiamiento y la incorporación de beneficios destinados a familias de menores ingresos. La iniciativa, que busca ampliar el acceso al derecho de sala cuna para trabajadoras, trabajadores y determinados independientes, quedó en condiciones de ser discutida por la Sala de la Cámara durante este miércoles 18 de noviembre. Entre los principales cambios figura la reducción de la cotización destinada a financiar el nuevo sistema, que pasará del 0,35% originalmente propuesto al 0,30%, mediante una reasignación de aportes patronales vinculados al Seguro de Cesantía. La propuesta también incorpora mecanismos de apoyo para jardines infantiles que reciben recursos públicos y suplementos económicos para familias que podrían enfrentar copagos. ¿Cómo se financiará la Sala Cuna Universal? Uno de los aspectos centrales de la reforma es la creación de un Fondo de Sala Cuna destinado a financiar el acceso al beneficio. La fórmula aprobada considera una cotización equivalente al 0,30% de las remuneraciones imponibles, con cargo al empleador y compensada mediante ajustes a sus aportes al Seguro de Cesantía. El mecanismo se divide en dos componentes: 0,15 puntos porcentuales provenientes de una reducción del aporte patronal asociado a las Cuentas Individuales de Cesantía. 0,15 puntos porcentuales provenientes de una disminución del aporte patronal al Fondo de Cesantía Solidario. Con esta modificación, la cotización total se reduce en 0,05 puntos porcentuales respecto de la propuesta anterior, que establecía un aporte del 0,35%. El objetivo de esta fórmula es financiar la ampliación del beneficio mediante una redistribución de cotizaciones existentes, evitando incrementar en igual proporción el costo total de contratación para las empresas. Nuevos aportes para jardines infantiles financiados por Junji El proyecto también contempla un mecanismo destinado a mejorar las condiciones de financiamiento de los jardines infantiles que funcionan bajo la modalidad Vía Transferencia de Fondos (VTF) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Para estos establecimientos se incorpora un aporte de equidad, destinado a compensar diferencias entre el financiamiento público que reciben actualmente y los montos de referencia considerados en el nuevo sistema de sala cuna. Los recursos provendrán del Fondo de Sala Cuna y se calcularán según la cantidad de niños y niñas beneficiarios que asistan a cada establecimiento. La medida busca permitir que los jardines VTF participen del sistema con condiciones de financiamiento más equilibradas respecto de otros establecimientos que entregan el servicio. ¿Qué beneficios contempla para las familias vulnerables? Otra de las modificaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda corresponde a la incorporación de un suplemento solidario dirigido a hogares de menores ingresos. Este mecanismo busca disminuir los eventuales copagos que podrían enfrentar las familias cuando el costo del establecimiento supere el aporte base contemplado en el sistema. El beneficio se distribuirá según la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). Los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable podrán acceder a un suplemento equivalente al 50% de la diferencia considerada para el cálculo del beneficio. En tanto, las familias ubicadas entre el 41% y el 60% del RSH podrán recibir un aporte equivalente al 30% de esa diferencia. Para determinar el monto se considerará el valor de la matrícula o mensualidad del establecimiento, con un límite de referencia equivalente a 1,15 veces el aporte de sala cuna correspondiente. Si el establecimiento tiene un costo inferior a ese límite, el cálculo utilizará el valor efectivo del servicio. De esta manera, se busca reducir las barreras económicas para acceder al beneficio, especialmente entre los hogares con menos recursos. Reforma busca terminar con la exigencia de 20 trabajadoras El proyecto de Sala Cuna Universal también apunta a modificar las condiciones establecidas actualmente en el Código del Trabajo. La normativa vigente obliga a las empresas que emplean a 20 o más trabajadoras a proporcionar el beneficio de sala cuna, lo que genera diferencias en el acceso dependiendo de la composición de la dotación laboral. La reforma busca superar esa condición y avanzar hacia un sistema que contemple a trabajadoras, trabajadores y determinados independientes, bajo los requisitos que establezca la legislación. El Ejecutivo ha planteado que este cambio podría contribuir a disminuir las barreras de acceso al empleo femenino y facilitar la conciliación entre las responsabilidades laborales y familiares. Gobierno destaca avance y espera votación en la Cámara Tras la aprobación de las modificaciones, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, valoró el avance de la iniciativa y destacó el trabajo realizado durante su tramitación. El secretario de Estado recordó que el proyecto ha sido abordado en aproximadamente 30 sesiones de distintas comisiones legislativas desde junio. Asimismo, expresó su expectativa de que el Congreso permita avanzar hacia la implementación de un sistema de sala cuna con mayor cobertura. La propuesta también recibió el respaldo de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde previamente se analizaron sus principales disposiciones. ¿Cuándo comenzará a regir la Sala Cuna Universal? Pese a la aprobación obtenida en las comisiones parlamentarias, la Sala Cuna Universal todavía no es ley y sus nuevos beneficios no se encuentran vigentes. El siguiente paso es la votación en la Sala de la Cámara de Diputados, programada para este miércoles 18 de noviembre. Si la iniciativa obtiene el respaldo necesario, deberá continuar su tramitación legislativa, incluyendo la revisión de las modificaciones por parte del Senado. Solo después de completar las etapas constitucionales y la promulgación y publicación de la ley podrán definirse las condiciones definitivas y los plazos de implementación. Por ahora, la aprobación del financiamiento y los nuevos mecanismos de apoyo representa un avance en la discusión de una reforma que busca ampliar el acceso al cuidado infantil en Chile.
El Senado aprobó este martes 17 de noviembre la reposición de las asignaciones y gastos variables destinados a los expresidentes de la República, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027. La decisión permitió recuperar los recursos que habían sido rechazados previamente por la Cámara de Diputadas y Diputados, reabriendo el debate sobre el financiamiento estatal de las actividades de quienes dejaron la Presidencia. Según los antecedentes del proyecto presupuestario, la partida contempla un total de $915.746.000 para los cuatro expresidentes vivos: Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Gabriel Boric. La reposición fue respaldada por 36 senadores, mientras que tres votaron en contra. ¿Qué gastos cubren las asignaciones de los expresidentes? Los recursos considerados en el Presupuesto 2027 se enmarcan en las disposiciones de la Ley N.º 19.672 y contemplan financiamiento asociado a los exjefes de Estado. Además de la dieta establecida para quienes ejercieron la Presidencia de la República, existen asignaciones destinadas a cubrir gastos relacionados con el desempeño de sus actividades institucionales. Entre ellos se encuentran el funcionamiento de oficinas, contratación de personal de apoyo y traslados. Estas asignaciones fueron precisamente las que generaron controversia durante la discusión presupuestaria, debido a los cuestionamientos sobre su justificación y los mecanismos de control. Es importante distinguir que los $915,7 millones corresponden al monto global contemplado para los cuatro exmandatarios y no a una asignación individual. Cámara de Diputados había rechazado los recursos La controversia comenzó durante la tramitación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, donde se rechazó el financiamiento destinado a los gastos operacionales de los expresidentes. Uno de los principales impulsores de la medida fue el diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente (PDG), quien cuestionó la entrega de recursos adicionales a la dieta que reciben los exmandatarios. El parlamentario argumentó que la Constitución reconoce la dieta parlamentaria como beneficio para los expresidentes y planteó la necesidad de revisar los demás gastos financiados con recursos públicos. También sostuvo que la discusión debía considerar el contexto de restricciones presupuestarias y las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias chilenas. La propuesta de eliminar esas asignaciones obtuvo respaldo en la Cámara Baja, lo que obligó al Ejecutivo a presentar nuevas indicaciones durante la revisión del proyecto en el Senado. Gobierno de Kast impulsó reposición con mayores controles Durante la discusión en la Cámara Alta, el Gobierno del presidente José Antonio Kast presentó indicaciones para restituir los recursos y reforzar los mecanismos de revisión de su utilización. Una de las modificaciones establece que el Senado deberá entregar información al Comité de Auditoría Parlamentaria sobre el uso de las asignaciones financiadas con estos fondos, excluyendo la dieta. Además, la propuesta obliga a conservar los antecedentes que respalden cada pago por un período de cinco años, con el objetivo de permitir futuras revisiones. La indicación fue aprobada por 28 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones. Con ello, la restitución presupuestaria quedó acompañada de nuevas disposiciones destinadas a respaldar documentalmente los desembolsos. Senado aprueba partida del Congreso Nacional Tras votar las indicaciones relacionadas con los recursos para expresidentes, la Cámara Alta continuó con la tramitación de la partida correspondiente al Congreso Nacional. El presupuesto de esta área recibió 35 votos favorables, permitiendo avanzar en la discusión del erario fiscal para el próximo año. Sin embargo, la decisión del Senado no significa que la Ley de Presupuestos 2027 haya completado toda su tramitación. Las diferencias entre ambas cámaras deberán resolverse mediante los procedimientos legislativos correspondientes antes del despacho definitivo del proyecto. Debate por financiamiento de expresidentes continúa abierto La reposición de las asignaciones volvió a instalar la discusión sobre los beneficios económicos que reciben los exjefes de Estado una vez finalizados sus mandatos. Mientras quienes cuestionan estos recursos plantean la necesidad de revisar los gastos adicionales a la dieta, su mantención se vincula con el financiamiento de actividades y funciones institucionales de los expresidentes. La aprobación del Senado mantiene los recursos dentro de la propuesta presupuestaria, incorporando exigencias adicionales de información y conservación de respaldos. La definición final dependerá de las siguientes etapas de la discusión del Presupuesto 2027, que deberá establecer los montos y las condiciones definitivas para el próximo ejercicio fiscal.
El Gobierno de Chile y la empresa tecnológica OpenAI dieron a conocer los principales alcances de un acuerdo de colaboración destinado a promover el uso responsable de la inteligencia artificial en la administración pública, iniciativa que también contempla capacitación para funcionarios y apoyo al ecosistema nacional de innovación. El programa, denominado OpenAI para Chile, fue presentado oficialmente este martes 17 de noviembre, luego de la firma de un Memorando de Entendimiento encabezada por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, durante una conferencia realizada en California, Estados Unidos. El anuncio generó interrogantes sobre las condiciones de la colaboración, especialmente en materias relacionadas con la protección de datos personales, la contratación de servicios tecnológicos y el eventual acceso de una empresa privada a información del Estado. Frente a estas inquietudes, OpenAI aclaró que el acuerdo no contempla obligaciones de compra ni compromisos de inversión, y que las actividades específicas deberán definirse posteriormente. ¿En qué consiste el acuerdo entre Chile y OpenAI? La iniciativa busca establecer un marco de cooperación para evaluar posibles aplicaciones de inteligencia artificial en distintas áreas de la administración pública. Uno de sus principales objetivos es identificar oportunidades para mejorar procesos administrativos del Ministerio de Ciencia, mediante la eventual incorporación de herramientas tecnológicas y asesoría especializada. Sin embargo, el documento no establece una implementación inmediata de sistemas de OpenAI en los servicios públicos. La colaboración se encuentra en una etapa exploratoria, durante la cual ambas partes deberán definir prioridades, actividades y mecanismos para evaluar sus resultados. El programa se enmarca en la Política Nacional de Inteligencia Artificial y su Plan de Acción, instrumentos que orientan el desarrollo de esta tecnología en Chile. Funcionarios públicos podrían recibir capacitación en inteligencia artificial Uno de los componentes centrales de la alianza corresponde al fortalecimiento de las capacidades digitales de los trabajadores del Estado. OpenAI señaló que se evaluará el desarrollo de talleres, programas de alfabetización tecnológica y actividades de formación adaptadas a las responsabilidades de distintos funcionarios públicos. Estas iniciativas podrían abordar el uso de herramientas de inteligencia artificial para tareas administrativas, el análisis de información y la optimización de determinados procesos. También se considera la posibilidad de implementar un modelo de formación de formadores, mediante el cual funcionarios capacitados puedan transmitir conocimientos a otros equipos de trabajo. Entre los contenidos previstos figuran la verificación de resultados generados por inteligencia artificial, la protección de información sensible y la importancia de mantener supervisión humana sobre las decisiones apoyadas por estas tecnologías. La capacitación todavía no cuenta con un calendario público definitivo ni con una nómina de servicios estatales participantes. Acuerdo también contempla apoyo a startups chilenas La cooperación no estará orientada exclusivamente al sector público. Otro de sus objetivos será explorar oportunidades para que emprendimientos tecnológicos nacionales puedan acceder a programas de formación, orientación técnica y herramientas relacionadas con inteligencia artificial. El propósito es fortalecer el desarrollo de soluciones creadas por empresas emergentes chilenas, particularmente aquellas que puedan contribuir a resolver desafíos económicos, productivos y de servicios públicos. La iniciativa también podría facilitar la vinculación de startups con universidades, organismos estatales y otras instituciones del ecosistema de innovación. No obstante, los criterios para acceder a estos programas, los recursos disponibles y las condiciones de participación todavía deberán acordarse entre las partes. Por lo tanto, el memorando no constituye una convocatoria abierta ni garantiza actualmente financiamiento para emprendimientos. OpenAI descarta compromisos de compra e inversión Uno de los principales puntos aclarados por la compañía tecnológica corresponde a las obligaciones económicas del acuerdo. En su publicación oficial, OpenAI estableció que el Memorando de Entendimiento no contempla compromisos de inversión ni de adquisición de productos o servicios. Esto significa que la firma no constituye por sí misma una adjudicación de contratos tecnológicos ni obliga al Gobierno chileno a contratar licencias de OpenAI. Los eventuales proyectos que requieran recursos, acceso a plataformas o contratación de servicios deberán ser definidos mediante acuerdos posteriores y conforme a las normas que correspondan. Asimismo, el memorando no establece una relación de exclusividad entre el Estado chileno y la compañía estadounidense. Protección de datos genera preguntas sobre implementación La posibilidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial a organismos públicos abrió una discusión sobre el tratamiento de información personal y datos sensibles administrados por el Estado. Desde el Ministerio de Ciencia se aseguró que el memorando no contempla entregar información sensible de los ciudadanos a OpenAI. Por su parte, la empresa indicó que cualquier actividad futura deberá considerar medidas de privacidad, seguridad de la información y uso responsable de la tecnología. Estas declaraciones no equivalen, sin embargo, a la existencia de autorizaciones para transferir bases de datos estatales o integrar automáticamente los sistemas públicos con plataformas privadas. Las condiciones específicas de tratamiento de información deberán definirse si se desarrollan proyectos concretos. En paralelo, parlamentarios solicitaron antecedentes sobre los compromisos adquiridos, el proceso de selección de la empresa y las garantías destinadas a proteger los datos personales y la soberanía tecnológica del país. Grupo de trabajo deberá definir los próximos pasos Según los antecedentes difundidos, se espera constituir un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Ciencia y OpenAI. Su tarea será identificar prioridades y desarrollar un plan inicial que establezca responsables, etapas de implementación e indicadores para evaluar los resultados de las actividades que se acuerden. La alianza también cuenta con apoyo del programa estadounidense SI Exports, vinculado al Departamento de Comercio de Estados Unidos, y forma parte de OpenAI for Countries, iniciativa internacional de cooperación tecnológica de la empresa. De esta manera, el acuerdo entre Chile y OpenAI establece una base para explorar futuras aplicaciones de inteligencia artificial, pero todavía no determina proyectos definitivos, montos de inversión ni compras de tecnología. Las próximas definiciones del grupo de trabajo serán relevantes para conocer cómo podría traducirse esta colaboración en medidas concretas para el Estado y el ecosistema tecnológico chileno.
El presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles 18 de noviembre el lanzamiento de la temporada de cerezas chilenas en China, en una actividad realizada en la ciudad de Shenzhen, como parte de su gira por Asia y su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La ceremonia se desarrolló en una tienda de la cadena de frutas Pagoda, ubicada en el distrito de Futian, y fue organizada por ProChile y Frutas de Chile, con la participación de autoridades, representantes del sector exportador y socios comerciales chinos. Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia de las relaciones económicas entre ambos países y aseguró que Chile mantiene su compromiso con el libre comercio y el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Somos un socio serio y confiable, afirmó Kast, al destacar el vínculo comercial que Chile ha construido con China durante las últimas décadas. China concentra gran parte de las exportaciones de cerezas chilenas El lanzamiento de la temporada 2026-2027 adquiere especial importancia para la industria frutícola nacional, considerando que China constituye el principal mercado de destino de las cerezas producidas en Chile. De acuerdo con ProChile, el país se mantiene como el mayor exportador mundial de esta fruta y el principal proveedor de cerezas frescas para el mercado chino. Durante 2025, los envíos chilenos de cerezas alcanzaron aproximadamente US$3.100 millones, reflejando la relevancia del producto dentro de las exportaciones agrícolas nacionales. El crecimiento de esta industria también se expresa en la superficie destinada a su cultivo. Durante la actividad, Kast destacó que Chile pasó de contar con aproximadamente 7.000 hectáreas de cerezos hace dos décadas a cerca de 80.000 hectáreas en la actualidad. El mandatario señaló que esta expansión exige continuar desarrollando mercados y fortaleciendo las condiciones logísticas para que la fruta llegue a los consumidores internacionales. Presidente Kast destaca a Chile como socio comercial de largo plazo En su intervención, el jefe de Estado recordó algunos de los principales hitos de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Chile y China. Entre ellos mencionó que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y el primero de América Latina en suscribir un Tratado de Libre Comercio con ese país. Asimismo, destacó que el intercambio comercial bilateral superó los US$60 mil millones durante 2025, consolidando a China como el principal socio comercial de Chile. Kast sostuvo que esta relación debe proyectarse con una perspectiva de largo plazo, basada en el respeto de las reglas comerciales y la cooperación económica. Las declaraciones se produjeron durante la ChileWeek China 2026, iniciativa orientada a promover los productos y servicios nacionales en el mercado asiático. Primera caja de cerezas marca inicio de la temporada en Shenzhen Como parte del lanzamiento, el Presidente recibió simbólicamente la primera caja de cerezas de la temporada y posteriormente la entregó a una familia china. La actividad buscó representar el recorrido de la producción frutícola chilena hasta los consumidores del gigante asiático. Durante la visita, Kast también conoció detalles del proceso de distribución y comercialización de la fruta, además de reunirse con representantes de la cadena Pagoda. Uno de los aspectos destacados fue el funcionamiento del servicio marítimo conocido como Cherry Express, que permite transportar cerezas desde Chile hacia China en aproximadamente 23 días. Este sistema resulta fundamental para mantener la cadena de frío y preservar la calidad del producto durante un trayecto que supera los 18.000 kilómetros. Industria frutícola enfrenta desafíos climáticos y logísticos El inicio de la nueva temporada también se produce en medio de dificultades que han afectado a determinados productores nacionales. Durante su intervención, Kast reconoció que las lluvias y el granizo registrados durante la primavera provocaron pérdidas en algunos huertos destinados a la exportación. A estas complicaciones se sumaron las dificultades logísticas derivadas de las recientes movilizaciones de camioneros en Chile, que obligaron a realizar ajustes en determinadas operaciones de transporte y embarque. En este escenario, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, destacó el compromiso de los productores y exportadores con el mejoramiento de la calidad y la coordinación con sus socios comerciales chinos. El dirigente sostuvo que el fortalecimiento de la cadena de suministro es fundamental para mantener la competitividad de la fruta chilena en este mercado. ChileWeek China busca ampliar oportunidades de negocios El lanzamiento se realizó en el marco de la undécima edición de ChileWeek China, que se desarrolla entre el 16 y el 20 de noviembre en Beijing, Shenzhen y Shanghái. La iniciativa reúne a representantes del sector público y privado, con actividades destinadas a promover exportaciones, inversiones y nuevas oportunidades comerciales. Además de los productos agroalimentarios tradicionales, la edición 2026 incorpora una mayor participación de empresas relacionadas con tecnología, innovación e inteligencia artificial. En paralelo, la gira del presidente Kast contempla actividades vinculadas a APEC y encuentros bilaterales con autoridades del país asiático. Durante su estadía, el mandatario sostuvo una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en la que ambos gobiernos avanzaron en acuerdos de cooperación económica y comercial. De esta manera, el inicio de la temporada de cerezas en China se convirtió en uno de los principales hitos comerciales de la gira presidencial, destacando la importancia de las exportaciones frutícolas y las relaciones económicas entre ambos países.
La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos con condenas penales vigentes que permanecían vinculados a organismos del Estado, según los resultados de un nuevo informe de fiscalización difundido el martes 17 de noviembre. El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, documento que identificó un total de 317 registros de condena asociados a las 315 personas, debido a que dos funcionarios presentan más de una sentencia. El organismo advirtió que estas situaciones podrían contravenir las disposiciones legales que regulan el ingreso y la permanencia en la Administración Pública, particularmente lo establecido en el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575. De acuerdo con el reporte, 166 funcionarios pertenecen a organismos del Gobierno central y otros 149 se desempeñan en administraciones locales. Carabineros y Ejército concentran la mayor cantidad de casos El análisis de Contraloría identificó diferencias importantes entre las instituciones públicas que aparecen en el registro. Carabineros de Chile encabeza la nómina con 84 funcionarios que presentan condenas penales, seguido por el Ejército, con 22 casos, y la Armada, con ocho. Entre las instituciones municipales destaca Valdivia, con seis funcionarios, mientras que la Fuerza Aérea de Chile registra cinco. El informe también identifica trabajadores en otras municipalidades del país, entre ellas Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán, Puerto Montt y Tocopilla. El desglose informado por Contraloría es el siguiente: Carabineros de Chile: 84 funcionarios. Ejército de Chile: 22 funcionarios. Armada de Chile: 8 funcionarios. Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios. Fuerza Aérea de Chile: 5 funcionarios. Municipalidad de Hualpén: 4 funcionarios. Municipalidad de Tierra Amarilla: 4 funcionarios. Municipalidad de Chillán: 4 funcionarios. Municipalidad de Puerto Montt: 4 funcionarios. Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios. Estas cifras corresponden a la cantidad de personas identificadas por institución y no representan necesariamente la proporción de funcionarios afectados respecto de la dotación total de cada organismo. Informe registra 73 casos por crímenes y 244 condenas por simples delitos Otro de los antecedentes relevantes se relaciona con la gravedad de los hechos que originaron las condenas. Según el documento, 73 personas registran condenas por crímenes, mientras que los otros 244 registros corresponden a simples delitos. La revisión también estableció que 41 condenas están vinculadas a figuras penales contempladas en el Título V del Libro II del Código Penal, relativo a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Estos 41 casos representan aproximadamente el 13% de los registros examinados. La información permite dimensionar las distintas situaciones penales detectadas, aunque el reporte no entrega antecedentes individualizados sobre las circunstancias de cada condena. ¿Cómo detectó Contraloría a los funcionarios con condenas? Para elaborar el informe, la Contraloría cruzó información proveniente de tres fuentes oficiales. La primera fue el Registro Nacional de Condenas, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que contiene antecedentes sobre sentencias penales. También se utilizaron registros del Servicio Electoral (Servel) y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Mediante este procedimiento, el organismo identificó coincidencias entre personas que registraban condenas y trabajadores que continuaban vinculados a instituciones públicas. El cruce permitió establecer la existencia de 317 registros penales asociados a 315 funcionarios, con antecedentes que deberán ser revisados por cada servicio involucrado. Contraloría ordena investigar eventuales responsabilidades administrativas Tras conocer los resultados, el organismo fiscalizador instruyó a las reparticiones públicas involucradas iniciar las investigaciones correspondientes. Uno de los objetivos será determinar si los funcionarios informaron oportunamente sus condenas a sus superiores jerárquicos y si existieron omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas. Además, las instituciones deberán iniciar los procedimientos para evaluar la aplicación de la inhabilidad sobreviniente, figura que contempla situaciones que impiden continuar desempeñando funciones públicas después de haber ingresado a la Administración del Estado. La Contraloría también solicitó revisar si los antecedentes penales fueron considerados adecuadamente en los procesos de calificación funcionaria, particularmente en aspectos relacionados con el comportamiento y la probidad. Estas medidas buscan esclarecer las circunstancias particulares de cada caso y determinar las actuaciones administrativas que correspondan. Revisión abre nuevo proceso de fiscalización en el sector público El informe CIC N.º 29 incorpora nuevos antecedentes al trabajo de fiscalización sobre el cumplimiento de las obligaciones legales de los funcionarios estatales. La detección de personas con condenas vigentes plantea interrogantes sobre los mecanismos de comunicación, actualización y revisión de antecedentes utilizados por los organismos públicos. En adelante, cada institución deberá analizar los casos observados y adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable. La identificación de los 315 funcionarios no implica que todos hayan sido destituidos ni que exista una resolución administrativa definitiva sobre cada situación. Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa de investigación y revisión de responsabilidades, conforme a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República.
El proyecto de Sala Cuna Universal dio un nuevo paso en su tramitación legislativa, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara las modificaciones a su sistema de financiamiento y la incorporación de beneficios destinados a familias de menores ingresos. La iniciativa, que busca ampliar el acceso al derecho de sala cuna para trabajadoras, trabajadores y determinados independientes, quedó en condiciones de ser discutida por la Sala de la Cámara durante este miércoles 18 de noviembre. Entre los principales cambios figura la reducción de la cotización destinada a financiar el nuevo sistema, que pasará del 0,35% originalmente propuesto al 0,30%, mediante una reasignación de aportes patronales vinculados al Seguro de Cesantía. La propuesta también incorpora mecanismos de apoyo para jardines infantiles que reciben recursos públicos y suplementos económicos para familias que podrían enfrentar copagos. ¿Cómo se financiará la Sala Cuna Universal? Uno de los aspectos centrales de la reforma es la creación de un Fondo de Sala Cuna destinado a financiar el acceso al beneficio. La fórmula aprobada considera una cotización equivalente al 0,30% de las remuneraciones imponibles, con cargo al empleador y compensada mediante ajustes a sus aportes al Seguro de Cesantía. El mecanismo se divide en dos componentes: 0,15 puntos porcentuales provenientes de una reducción del aporte patronal asociado a las Cuentas Individuales de Cesantía. 0,15 puntos porcentuales provenientes de una disminución del aporte patronal al Fondo de Cesantía Solidario. Con esta modificación, la cotización total se reduce en 0,05 puntos porcentuales respecto de la propuesta anterior, que establecía un aporte del 0,35%. El objetivo de esta fórmula es financiar la ampliación del beneficio mediante una redistribución de cotizaciones existentes, evitando incrementar en igual proporción el costo total de contratación para las empresas. Nuevos aportes para jardines infantiles financiados por Junji El proyecto también contempla un mecanismo destinado a mejorar las condiciones de financiamiento de los jardines infantiles que funcionan bajo la modalidad Vía Transferencia de Fondos (VTF) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Para estos establecimientos se incorpora un aporte de equidad, destinado a compensar diferencias entre el financiamiento público que reciben actualmente y los montos de referencia considerados en el nuevo sistema de sala cuna. Los recursos provendrán del Fondo de Sala Cuna y se calcularán según la cantidad de niños y niñas beneficiarios que asistan a cada establecimiento. La medida busca permitir que los jardines VTF participen del sistema con condiciones de financiamiento más equilibradas respecto de otros establecimientos que entregan el servicio. ¿Qué beneficios contempla para las familias vulnerables? Otra de las modificaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda corresponde a la incorporación de un suplemento solidario dirigido a hogares de menores ingresos. Este mecanismo busca disminuir los eventuales copagos que podrían enfrentar las familias cuando el costo del establecimiento supere el aporte base contemplado en el sistema. El beneficio se distribuirá según la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). Los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable podrán acceder a un suplemento equivalente al 50% de la diferencia considerada para el cálculo del beneficio. En tanto, las familias ubicadas entre el 41% y el 60% del RSH podrán recibir un aporte equivalente al 30% de esa diferencia. Para determinar el monto se considerará el valor de la matrícula o mensualidad del establecimiento, con un límite de referencia equivalente a 1,15 veces el aporte de sala cuna correspondiente. Si el establecimiento tiene un costo inferior a ese límite, el cálculo utilizará el valor efectivo del servicio. De esta manera, se busca reducir las barreras económicas para acceder al beneficio, especialmente entre los hogares con menos recursos. Reforma busca terminar con la exigencia de 20 trabajadoras El proyecto de Sala Cuna Universal también apunta a modificar las condiciones establecidas actualmente en el Código del Trabajo. La normativa vigente obliga a las empresas que emplean a 20 o más trabajadoras a proporcionar el beneficio de sala cuna, lo que genera diferencias en el acceso dependiendo de la composición de la dotación laboral. La reforma busca superar esa condición y avanzar hacia un sistema que contemple a trabajadoras, trabajadores y determinados independientes, bajo los requisitos que establezca la legislación. El Ejecutivo ha planteado que este cambio podría contribuir a disminuir las barreras de acceso al empleo femenino y facilitar la conciliación entre las responsabilidades laborales y familiares. Gobierno destaca avance y espera votación en la Cámara Tras la aprobación de las modificaciones, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, valoró el avance de la iniciativa y destacó el trabajo realizado durante su tramitación. El secretario de Estado recordó que el proyecto ha sido abordado en aproximadamente 30 sesiones de distintas comisiones legislativas desde junio. Asimismo, expresó su expectativa de que el Congreso permita avanzar hacia la implementación de un sistema de sala cuna con mayor cobertura. La propuesta también recibió el respaldo de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde previamente se analizaron sus principales disposiciones. ¿Cuándo comenzará a regir la Sala Cuna Universal? Pese a la aprobación obtenida en las comisiones parlamentarias, la Sala Cuna Universal todavía no es ley y sus nuevos beneficios no se encuentran vigentes. El siguiente paso es la votación en la Sala de la Cámara de Diputados, programada para este miércoles 18 de noviembre. Si la iniciativa obtiene el respaldo necesario, deberá continuar su tramitación legislativa, incluyendo la revisión de las modificaciones por parte del Senado. Solo después de completar las etapas constitucionales y la promulgación y publicación de la ley podrán definirse las condiciones definitivas y los plazos de implementación. Por ahora, la aprobación del financiamiento y los nuevos mecanismos de apoyo representa un avance en la discusión de una reforma que busca ampliar el acceso al cuidado infantil en Chile.
El Senado aprobó este martes 17 de noviembre la reposición de las asignaciones y gastos variables destinados a los expresidentes de la República, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027. La decisión permitió recuperar los recursos que habían sido rechazados previamente por la Cámara de Diputadas y Diputados, reabriendo el debate sobre el financiamiento estatal de las actividades de quienes dejaron la Presidencia. Según los antecedentes del proyecto presupuestario, la partida contempla un total de $915.746.000 para los cuatro expresidentes vivos: Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Gabriel Boric. La reposición fue respaldada por 36 senadores, mientras que tres votaron en contra. ¿Qué gastos cubren las asignaciones de los expresidentes? Los recursos considerados en el Presupuesto 2027 se enmarcan en las disposiciones de la Ley N.º 19.672 y contemplan financiamiento asociado a los exjefes de Estado. Además de la dieta establecida para quienes ejercieron la Presidencia de la República, existen asignaciones destinadas a cubrir gastos relacionados con el desempeño de sus actividades institucionales. Entre ellos se encuentran el funcionamiento de oficinas, contratación de personal de apoyo y traslados. Estas asignaciones fueron precisamente las que generaron controversia durante la discusión presupuestaria, debido a los cuestionamientos sobre su justificación y los mecanismos de control. Es importante distinguir que los $915,7 millones corresponden al monto global contemplado para los cuatro exmandatarios y no a una asignación individual. Cámara de Diputados había rechazado los recursos La controversia comenzó durante la tramitación del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, donde se rechazó el financiamiento destinado a los gastos operacionales de los expresidentes. Uno de los principales impulsores de la medida fue el diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente (PDG), quien cuestionó la entrega de recursos adicionales a la dieta que reciben los exmandatarios. El parlamentario argumentó que la Constitución reconoce la dieta parlamentaria como beneficio para los expresidentes y planteó la necesidad de revisar los demás gastos financiados con recursos públicos. También sostuvo que la discusión debía considerar el contexto de restricciones presupuestarias y las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias chilenas. La propuesta de eliminar esas asignaciones obtuvo respaldo en la Cámara Baja, lo que obligó al Ejecutivo a presentar nuevas indicaciones durante la revisión del proyecto en el Senado. Gobierno de Kast impulsó reposición con mayores controles Durante la discusión en la Cámara Alta, el Gobierno del presidente José Antonio Kast presentó indicaciones para restituir los recursos y reforzar los mecanismos de revisión de su utilización. Una de las modificaciones establece que el Senado deberá entregar información al Comité de Auditoría Parlamentaria sobre el uso de las asignaciones financiadas con estos fondos, excluyendo la dieta. Además, la propuesta obliga a conservar los antecedentes que respalden cada pago por un período de cinco años, con el objetivo de permitir futuras revisiones. La indicación fue aprobada por 28 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones. Con ello, la restitución presupuestaria quedó acompañada de nuevas disposiciones destinadas a respaldar documentalmente los desembolsos. Senado aprueba partida del Congreso Nacional Tras votar las indicaciones relacionadas con los recursos para expresidentes, la Cámara Alta continuó con la tramitación de la partida correspondiente al Congreso Nacional. El presupuesto de esta área recibió 35 votos favorables, permitiendo avanzar en la discusión del erario fiscal para el próximo año. Sin embargo, la decisión del Senado no significa que la Ley de Presupuestos 2027 haya completado toda su tramitación. Las diferencias entre ambas cámaras deberán resolverse mediante los procedimientos legislativos correspondientes antes del despacho definitivo del proyecto. Debate por financiamiento de expresidentes continúa abierto La reposición de las asignaciones volvió a instalar la discusión sobre los beneficios económicos que reciben los exjefes de Estado una vez finalizados sus mandatos. Mientras quienes cuestionan estos recursos plantean la necesidad de revisar los gastos adicionales a la dieta, su mantención se vincula con el financiamiento de actividades y funciones institucionales de los expresidentes. La aprobación del Senado mantiene los recursos dentro de la propuesta presupuestaria, incorporando exigencias adicionales de información y conservación de respaldos. La definición final dependerá de las siguientes etapas de la discusión del Presupuesto 2027, que deberá establecer los montos y las condiciones definitivas para el próximo ejercicio fiscal.
El Gobierno de Chile y la empresa tecnológica OpenAI dieron a conocer los principales alcances de un acuerdo de colaboración destinado a promover el uso responsable de la inteligencia artificial en la administración pública, iniciativa que también contempla capacitación para funcionarios y apoyo al ecosistema nacional de innovación. El programa, denominado OpenAI para Chile, fue presentado oficialmente este martes 17 de noviembre, luego de la firma de un Memorando de Entendimiento encabezada por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, durante una conferencia realizada en California, Estados Unidos. El anuncio generó interrogantes sobre las condiciones de la colaboración, especialmente en materias relacionadas con la protección de datos personales, la contratación de servicios tecnológicos y el eventual acceso de una empresa privada a información del Estado. Frente a estas inquietudes, OpenAI aclaró que el acuerdo no contempla obligaciones de compra ni compromisos de inversión, y que las actividades específicas deberán definirse posteriormente. ¿En qué consiste el acuerdo entre Chile y OpenAI? La iniciativa busca establecer un marco de cooperación para evaluar posibles aplicaciones de inteligencia artificial en distintas áreas de la administración pública. Uno de sus principales objetivos es identificar oportunidades para mejorar procesos administrativos del Ministerio de Ciencia, mediante la eventual incorporación de herramientas tecnológicas y asesoría especializada. Sin embargo, el documento no establece una implementación inmediata de sistemas de OpenAI en los servicios públicos. La colaboración se encuentra en una etapa exploratoria, durante la cual ambas partes deberán definir prioridades, actividades y mecanismos para evaluar sus resultados. El programa se enmarca en la Política Nacional de Inteligencia Artificial y su Plan de Acción, instrumentos que orientan el desarrollo de esta tecnología en Chile. Funcionarios públicos podrían recibir capacitación en inteligencia artificial Uno de los componentes centrales de la alianza corresponde al fortalecimiento de las capacidades digitales de los trabajadores del Estado. OpenAI señaló que se evaluará el desarrollo de talleres, programas de alfabetización tecnológica y actividades de formación adaptadas a las responsabilidades de distintos funcionarios públicos. Estas iniciativas podrían abordar el uso de herramientas de inteligencia artificial para tareas administrativas, el análisis de información y la optimización de determinados procesos. También se considera la posibilidad de implementar un modelo de formación de formadores, mediante el cual funcionarios capacitados puedan transmitir conocimientos a otros equipos de trabajo. Entre los contenidos previstos figuran la verificación de resultados generados por inteligencia artificial, la protección de información sensible y la importancia de mantener supervisión humana sobre las decisiones apoyadas por estas tecnologías. La capacitación todavía no cuenta con un calendario público definitivo ni con una nómina de servicios estatales participantes. Acuerdo también contempla apoyo a startups chilenas La cooperación no estará orientada exclusivamente al sector público. Otro de sus objetivos será explorar oportunidades para que emprendimientos tecnológicos nacionales puedan acceder a programas de formación, orientación técnica y herramientas relacionadas con inteligencia artificial. El propósito es fortalecer el desarrollo de soluciones creadas por empresas emergentes chilenas, particularmente aquellas que puedan contribuir a resolver desafíos económicos, productivos y de servicios públicos. La iniciativa también podría facilitar la vinculación de startups con universidades, organismos estatales y otras instituciones del ecosistema de innovación. No obstante, los criterios para acceder a estos programas, los recursos disponibles y las condiciones de participación todavía deberán acordarse entre las partes. Por lo tanto, el memorando no constituye una convocatoria abierta ni garantiza actualmente financiamiento para emprendimientos. OpenAI descarta compromisos de compra e inversión Uno de los principales puntos aclarados por la compañía tecnológica corresponde a las obligaciones económicas del acuerdo. En su publicación oficial, OpenAI estableció que el Memorando de Entendimiento no contempla compromisos de inversión ni de adquisición de productos o servicios. Esto significa que la firma no constituye por sí misma una adjudicación de contratos tecnológicos ni obliga al Gobierno chileno a contratar licencias de OpenAI. Los eventuales proyectos que requieran recursos, acceso a plataformas o contratación de servicios deberán ser definidos mediante acuerdos posteriores y conforme a las normas que correspondan. Asimismo, el memorando no establece una relación de exclusividad entre el Estado chileno y la compañía estadounidense. Protección de datos genera preguntas sobre implementación La posibilidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial a organismos públicos abrió una discusión sobre el tratamiento de información personal y datos sensibles administrados por el Estado. Desde el Ministerio de Ciencia se aseguró que el memorando no contempla entregar información sensible de los ciudadanos a OpenAI. Por su parte, la empresa indicó que cualquier actividad futura deberá considerar medidas de privacidad, seguridad de la información y uso responsable de la tecnología. Estas declaraciones no equivalen, sin embargo, a la existencia de autorizaciones para transferir bases de datos estatales o integrar automáticamente los sistemas públicos con plataformas privadas. Las condiciones específicas de tratamiento de información deberán definirse si se desarrollan proyectos concretos. En paralelo, parlamentarios solicitaron antecedentes sobre los compromisos adquiridos, el proceso de selección de la empresa y las garantías destinadas a proteger los datos personales y la soberanía tecnológica del país. Grupo de trabajo deberá definir los próximos pasos Según los antecedentes difundidos, se espera constituir un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Ciencia y OpenAI. Su tarea será identificar prioridades y desarrollar un plan inicial que establezca responsables, etapas de implementación e indicadores para evaluar los resultados de las actividades que se acuerden. La alianza también cuenta con apoyo del programa estadounidense SI Exports, vinculado al Departamento de Comercio de Estados Unidos, y forma parte de OpenAI for Countries, iniciativa internacional de cooperación tecnológica de la empresa. De esta manera, el acuerdo entre Chile y OpenAI establece una base para explorar futuras aplicaciones de inteligencia artificial, pero todavía no determina proyectos definitivos, montos de inversión ni compras de tecnología. Las próximas definiciones del grupo de trabajo serán relevantes para conocer cómo podría traducirse esta colaboración en medidas concretas para el Estado y el ecosistema tecnológico chileno.
El presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles 18 de noviembre el lanzamiento de la temporada de cerezas chilenas en China, en una actividad realizada en la ciudad de Shenzhen, como parte de su gira por Asia y su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La ceremonia se desarrolló en una tienda de la cadena de frutas Pagoda, ubicada en el distrito de Futian, y fue organizada por ProChile y Frutas de Chile, con la participación de autoridades, representantes del sector exportador y socios comerciales chinos. Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia de las relaciones económicas entre ambos países y aseguró que Chile mantiene su compromiso con el libre comercio y el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Somos un socio serio y confiable, afirmó Kast, al destacar el vínculo comercial que Chile ha construido con China durante las últimas décadas. China concentra gran parte de las exportaciones de cerezas chilenas El lanzamiento de la temporada 2026-2027 adquiere especial importancia para la industria frutícola nacional, considerando que China constituye el principal mercado de destino de las cerezas producidas en Chile. De acuerdo con ProChile, el país se mantiene como el mayor exportador mundial de esta fruta y el principal proveedor de cerezas frescas para el mercado chino. Durante 2025, los envíos chilenos de cerezas alcanzaron aproximadamente US$3.100 millones, reflejando la relevancia del producto dentro de las exportaciones agrícolas nacionales. El crecimiento de esta industria también se expresa en la superficie destinada a su cultivo. Durante la actividad, Kast destacó que Chile pasó de contar con aproximadamente 7.000 hectáreas de cerezos hace dos décadas a cerca de 80.000 hectáreas en la actualidad. El mandatario señaló que esta expansión exige continuar desarrollando mercados y fortaleciendo las condiciones logísticas para que la fruta llegue a los consumidores internacionales. Presidente Kast destaca a Chile como socio comercial de largo plazo En su intervención, el jefe de Estado recordó algunos de los principales hitos de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Chile y China. Entre ellos mencionó que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y el primero de América Latina en suscribir un Tratado de Libre Comercio con ese país. Asimismo, destacó que el intercambio comercial bilateral superó los US$60 mil millones durante 2025, consolidando a China como el principal socio comercial de Chile. Kast sostuvo que esta relación debe proyectarse con una perspectiva de largo plazo, basada en el respeto de las reglas comerciales y la cooperación económica. Las declaraciones se produjeron durante la ChileWeek China 2026, iniciativa orientada a promover los productos y servicios nacionales en el mercado asiático. Primera caja de cerezas marca inicio de la temporada en Shenzhen Como parte del lanzamiento, el Presidente recibió simbólicamente la primera caja de cerezas de la temporada y posteriormente la entregó a una familia china. La actividad buscó representar el recorrido de la producción frutícola chilena hasta los consumidores del gigante asiático. Durante la visita, Kast también conoció detalles del proceso de distribución y comercialización de la fruta, además de reunirse con representantes de la cadena Pagoda. Uno de los aspectos destacados fue el funcionamiento del servicio marítimo conocido como Cherry Express, que permite transportar cerezas desde Chile hacia China en aproximadamente 23 días. Este sistema resulta fundamental para mantener la cadena de frío y preservar la calidad del producto durante un trayecto que supera los 18.000 kilómetros. Industria frutícola enfrenta desafíos climáticos y logísticos El inicio de la nueva temporada también se produce en medio de dificultades que han afectado a determinados productores nacionales. Durante su intervención, Kast reconoció que las lluvias y el granizo registrados durante la primavera provocaron pérdidas en algunos huertos destinados a la exportación. A estas complicaciones se sumaron las dificultades logísticas derivadas de las recientes movilizaciones de camioneros en Chile, que obligaron a realizar ajustes en determinadas operaciones de transporte y embarque. En este escenario, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, destacó el compromiso de los productores y exportadores con el mejoramiento de la calidad y la coordinación con sus socios comerciales chinos. El dirigente sostuvo que el fortalecimiento de la cadena de suministro es fundamental para mantener la competitividad de la fruta chilena en este mercado. ChileWeek China busca ampliar oportunidades de negocios El lanzamiento se realizó en el marco de la undécima edición de ChileWeek China, que se desarrolla entre el 16 y el 20 de noviembre en Beijing, Shenzhen y Shanghái. La iniciativa reúne a representantes del sector público y privado, con actividades destinadas a promover exportaciones, inversiones y nuevas oportunidades comerciales. Además de los productos agroalimentarios tradicionales, la edición 2026 incorpora una mayor participación de empresas relacionadas con tecnología, innovación e inteligencia artificial. En paralelo, la gira del presidente Kast contempla actividades vinculadas a APEC y encuentros bilaterales con autoridades del país asiático. Durante su estadía, el mandatario sostuvo una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en la que ambos gobiernos avanzaron en acuerdos de cooperación económica y comercial. De esta manera, el inicio de la temporada de cerezas en China se convirtió en uno de los principales hitos comerciales de la gira presidencial, destacando la importancia de las exportaciones frutícolas y las relaciones económicas entre ambos países.