El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, resaltó una serie de cifras en materia de seguridad relacionadas con la labor realizada durante la última semana por las fuerzas policiales, Gendarmería y otros entes estatales. Tras una nueva reunión del Comité Policial, el ministro informó a los medios que el informe de esta semana muestra un descenso del 17,4% en el número de víctimas de homicidio, en comparación con el mismo período del año anterior. En cuanto a los secuestros, detalló que los casos confirmados por la Policía de Investigaciones (PDI)registran una disminución del 41,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Martín Arrau también destacó un aumento en las incautaciones de drogas. Hasta esta semana se han incautado un 63,9% más en kilos que en el mismo período del año anterior, señaló. Por último, mencionó que los ingresos irregulares detectados en las fronteras han disminuido un 86,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, resaltó una serie de cifras en materia de seguridad relacionadas con la labor realizada durante la última semana por las fuerzas policiales, Gendarmería y otros entes estatales. Tras una nueva reunión del Comité Policial, el ministro informó a los medios que el informe de esta semana muestra un descenso del 17,4% en el número de víctimas de homicidio, en comparación con el mismo período del año anterior. En cuanto a los secuestros, detalló que los casos confirmados por la Policía de Investigaciones (PDI)registran una disminución del 41,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Martín Arrau también destacó un aumento en las incautaciones de drogas. Hasta esta semana se han incautado un 63,9% más en kilos que en el mismo período del año anterior, señaló. Por último, mencionó que los ingresos irregulares detectados en las fronteras han disminuido un 86,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
