El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, tras la reunión extraordinaria con el alto mando institucional de Gendarmería luego de la liberación errónea de dos personas en menos de 24 horas, detalló una serie de medidas, entre las que destacan acciones judiciales y la suspensión de vacaciones para esclarecer los hechos. Durante este jueves, el subsecretario Muñoz sostuvo una reunión extraordinaria con el alto mando institucional de Gendarmería, tras el caso de las dos personas que debían quedar en prisión preventiva y que fueron liberadas, una en Santiago y la otra en Viña del Mar, en menos de 24 horas. Entre las medidas que se llevarán a cabo tras estos sucesos, el subsecretario Muñoz anunció que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que “se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o a algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”. “Aquí hay que recordar, además, que hay tipos penales específicos a partir del artículo 299 del Código Penal, que castigan como delito a los custodios que, de manera negligente o coludida con aquel a quien se le otorga la libertad, no cumplen con su deber como funcionarios públicos”, remarcó. Respecto de la suspensión de vacaciones de los altos mandos de la institución penitenciaria, sostuvo que se debe a una reunión que se realizará el 16 de febrero y detalló: “Vamos a desplegarnos a través de las subdirecciones para verificar que cada una de estas instrucciones haya bajado hasta el último funcionario o funcionaria que tiene trato directo”. Fuente: CNN Chile País
La institución vuelve a quedar bajo alerta por un caso de intimidación dirigido a su personal, en una seguidilla de amenazas que ha tensionado el trabajo al interior del sistema penitenciario durante el año. Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de que dos coronas de flores, dirigidas a funcionarios del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, fueran dejadas durante la mañana de este lunes en el acceso principal de la ex Penitenciaría, en la comuna de Santiago. Según antecedentes consignados por La Tercera , una mujer llegó hasta el recinto y entregó los arreglos florales, cada uno con el nombre de un oficial de Gendarmería. El gesto fue interpretado como una amenaza directa hacia el personal penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos internos de seguridad. En un comunicado, la institución detalló que, tras recibir el aviso, se dispuso un operativo que incluyó registro y allanamiento en dos módulos, además de diversas diligencias investigativas coordinadas con el Ministerio Público. Asimismo, la Oficina de Defensa Funcionaria evaluará los antecedentes para determinar acciones judiciales adicionales. “Gendarmería, permanentemente, está actualizando sus protocolos para garantizar la seguridad tanto del personal, como de las personas bajo su custodia, rechazando tajantemente cualquier acto que revista, amenazas o atentados en contra de sus funcionarias y funcionarios”, destacaron. Fuente: CNN Chile País
La diputada y senadora electa por Valparaíso, Karol Cariola (PC), compareció ante el Ministerio Público durante casi 10 horas en relación al caso Chinamart. Se investiga si la legisladora realizó gestiones a favor del empresario chino Bo Yang ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también miembro de su partido. Según Ciper, Cariola declaró como imputada y autorizó la apertura de sus cuentas bancarias en la diligencia solicitada por ella misma. El testimonio tuvo lugar en Valparaíso, en la oficina del abogado de la militante PC, Juan Carlos Manríquez. Además, la defensa de Cariola pidió que su declaración se mantenga bajo reserva por un período de 90 días. Fuente: CNN Chile País
A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció públicamente sobre la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cual cuestionó severamente el desempeño del Ministerio Público. Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, así como la calidad de los peritajes. Valencia reconoció que la resolución generó frustración dentro del organismo y admitió que aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba, sostuvo. El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor, afirmó Valencia. Además, añadió: Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal. En relación con una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por persecución penal selectiva, Valencia confirmó que se está evaluando abrir un sumario interno y determinar qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa. Finalmente, aseguró que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional para discutir el tema: Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión, concluyó. Fuente: Meganoticias
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, tras la reunión extraordinaria con el alto mando institucional de Gendarmería luego de la liberación errónea de dos personas en menos de 24 horas, detalló una serie de medidas, entre las que destacan acciones judiciales y la suspensión de vacaciones para esclarecer los hechos. Durante este jueves, el subsecretario Muñoz sostuvo una reunión extraordinaria con el alto mando institucional de Gendarmería, tras el caso de las dos personas que debían quedar en prisión preventiva y que fueron liberadas, una en Santiago y la otra en Viña del Mar, en menos de 24 horas. Entre las medidas que se llevarán a cabo tras estos sucesos, el subsecretario Muñoz anunció que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que “se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o a algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”. “Aquí hay que recordar, además, que hay tipos penales específicos a partir del artículo 299 del Código Penal, que castigan como delito a los custodios que, de manera negligente o coludida con aquel a quien se le otorga la libertad, no cumplen con su deber como funcionarios públicos”, remarcó. Respecto de la suspensión de vacaciones de los altos mandos de la institución penitenciaria, sostuvo que se debe a una reunión que se realizará el 16 de febrero y detalló: “Vamos a desplegarnos a través de las subdirecciones para verificar que cada una de estas instrucciones haya bajado hasta el último funcionario o funcionaria que tiene trato directo”. Fuente: CNN Chile País
La institución vuelve a quedar bajo alerta por un caso de intimidación dirigido a su personal, en una seguidilla de amenazas que ha tensionado el trabajo al interior del sistema penitenciario durante el año. Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público luego de que dos coronas de flores, dirigidas a funcionarios del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, fueran dejadas durante la mañana de este lunes en el acceso principal de la ex Penitenciaría, en la comuna de Santiago. Según antecedentes consignados por La Tercera , una mujer llegó hasta el recinto y entregó los arreglos florales, cada uno con el nombre de un oficial de Gendarmería. El gesto fue interpretado como una amenaza directa hacia el personal penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos internos de seguridad. En un comunicado, la institución detalló que, tras recibir el aviso, se dispuso un operativo que incluyó registro y allanamiento en dos módulos, además de diversas diligencias investigativas coordinadas con el Ministerio Público. Asimismo, la Oficina de Defensa Funcionaria evaluará los antecedentes para determinar acciones judiciales adicionales. “Gendarmería, permanentemente, está actualizando sus protocolos para garantizar la seguridad tanto del personal, como de las personas bajo su custodia, rechazando tajantemente cualquier acto que revista, amenazas o atentados en contra de sus funcionarias y funcionarios”, destacaron. Fuente: CNN Chile País
La diputada y senadora electa por Valparaíso, Karol Cariola (PC), compareció ante el Ministerio Público durante casi 10 horas en relación al caso Chinamart. Se investiga si la legisladora realizó gestiones a favor del empresario chino Bo Yang ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, también miembro de su partido. Según Ciper, Cariola declaró como imputada y autorizó la apertura de sus cuentas bancarias en la diligencia solicitada por ella misma. El testimonio tuvo lugar en Valparaíso, en la oficina del abogado de la militante PC, Juan Carlos Manríquez. Además, la defensa de Cariola pidió que su declaración se mantenga bajo reserva por un período de 90 días. Fuente: CNN Chile País
A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció públicamente sobre la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cual cuestionó severamente el desempeño del Ministerio Público. Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, así como la calidad de los peritajes. Valencia reconoció que la resolución generó frustración dentro del organismo y admitió que aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba, sostuvo. El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor, afirmó Valencia. Además, añadió: Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal. En relación con una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por persecución penal selectiva, Valencia confirmó que se está evaluando abrir un sumario interno y determinar qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa. Finalmente, aseguró que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional para discutir el tema: Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión, concluyó. Fuente: Meganoticias
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
