A poco más de dos semanas para el Plebiscito Constitucional que definirá el rumbo de la búsqueda de una nueva Constitución en Chile, la última encuesta de investigación de mercados Ipsos ha desvelado una polarización en las posturas de la ciudadanía respecto a este crucial proceso. Según los resultados de Ipsos, un 58% de los encuestados se mostró a favor de iniciar un nuevo proceso constitucional en unos años más, mientras que el 30,7% respalda la opción A Favor y el 39,7% se inclina por el En Contra. La encuesta también señala una disminución en el número de personas indecisas, pasando del 25,6% al 21,8%. La pregunta directa ¿Usted está de acuerdo con iniciar un nuevo proceso constitucional en unos años más? obtuvo respuestas diversas, con un 58% a favor, un 12% indeciso, y un 30% en contra. Llama la atención que el 66% de aquellos que respondieron afirmativamente pertenecen al rango de edad de 19 a 29 años. Además, un 70% de este grupo manifestó su intención de votar En Contra en el próximo Plebiscito. En cuanto a la posible fórmula para enfrentar un nuevo proceso constitucional, el 47% de los encuestados optaría por elegir representantes y constituir una nueva asamblea o consejo constituyente para redactar la Constitución. En contraste, el 40% abogaría por convocar a personas expertas designadas por el Congreso, mientras que el 13% no expresó una preferencia clara. Entre aquellos que están a favor de cerrar definitivamente l a búsqueda de una nueva Carta Magna, el 27% argumentó que es un gasto de recursos y tiempo para el país, mientras que otro 27% indicó estar cansado de un proceso que considera demasiado prolongado. En contraposición, el 46% de quienes no quieren que el Gobierno cierre la posibilidad a un nuevo proceso constitucional opinan que la voluntad soberana expresada en el plebiscito del 2020 debe ser respetada, ya que la mayoría decidió a favor de una nueva Constitución para Chile.
Las bancadas del Partido Republicano y de Chile Vamos han propuesto limitar el derecho a huelga únicamente a las negociaciones colectivas, lo cual implicaría modificar las normas que regulan la libertad sindical en el anteproyecto constitucional. Según informes de La Tercera, los representantes de la derecha han expresado su desacuerdo con la versión redactada por los expertos, argumentando que amplía el alcance de la huelga al sector público y permite que esta se lleve a cabo fuera de los periodos legales de negociación colectiva. Ante esta situación, el consejero Jorge Ossandón ha manifestado su preocupación, señalando que la separación entre negociación colectiva y huelga para el sector privado parece inadecuada, y que resulta contradictorio promover la paralización de los funcionarios públicos, quienes desempeñan un papel fundamental en el servicio a todos los chilenos, especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, Ossandón ha destacado la importancia de escuchar a la sociedad civil y a los académicos antes de tomar una decisión como bancada. Por su parte, el consejero Alexis Cortés, del oficialismo, ha enfatizado que el anteproyecto constitucional es aceptable en la medida en que logra un equilibrio frágil. Cortés ha destacado la consagración sólida de la libertad sindical y el trabajo decente en el texto, y ha explicado que la regulación de la huelga se ha establecido de manera coherente con los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional. Según Cortés, es fundamental que los trabajadores cuenten con todas las herramientas necesarias para defender sus derechos y lograr un equilibrio en la sociedad, especialmente entre el capital y el trabajo. En tanto, Yerko Ljubetic afirmó que limitar el derecho a huelga sería un retroceso inaceptable, además de infringir disposiciones de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Chile ha suscrito. Ljubetic ha destacado que el anteproyecto constitucional cuenta con una base sólida de acuerdos, lo cual permitiría un debate democrático para regular estos derechos de manera razonable, sin retroceder a la situación actual.
A poco más de dos semanas para el Plebiscito Constitucional que definirá el rumbo de la búsqueda de una nueva Constitución en Chile, la última encuesta de investigación de mercados Ipsos ha desvelado una polarización en las posturas de la ciudadanía respecto a este crucial proceso. Según los resultados de Ipsos, un 58% de los encuestados se mostró a favor de iniciar un nuevo proceso constitucional en unos años más, mientras que el 30,7% respalda la opción A Favor y el 39,7% se inclina por el En Contra. La encuesta también señala una disminución en el número de personas indecisas, pasando del 25,6% al 21,8%. La pregunta directa ¿Usted está de acuerdo con iniciar un nuevo proceso constitucional en unos años más? obtuvo respuestas diversas, con un 58% a favor, un 12% indeciso, y un 30% en contra. Llama la atención que el 66% de aquellos que respondieron afirmativamente pertenecen al rango de edad de 19 a 29 años. Además, un 70% de este grupo manifestó su intención de votar En Contra en el próximo Plebiscito. En cuanto a la posible fórmula para enfrentar un nuevo proceso constitucional, el 47% de los encuestados optaría por elegir representantes y constituir una nueva asamblea o consejo constituyente para redactar la Constitución. En contraste, el 40% abogaría por convocar a personas expertas designadas por el Congreso, mientras que el 13% no expresó una preferencia clara. Entre aquellos que están a favor de cerrar definitivamente l a búsqueda de una nueva Carta Magna, el 27% argumentó que es un gasto de recursos y tiempo para el país, mientras que otro 27% indicó estar cansado de un proceso que considera demasiado prolongado. En contraposición, el 46% de quienes no quieren que el Gobierno cierre la posibilidad a un nuevo proceso constitucional opinan que la voluntad soberana expresada en el plebiscito del 2020 debe ser respetada, ya que la mayoría decidió a favor de una nueva Constitución para Chile.
Las bancadas del Partido Republicano y de Chile Vamos han propuesto limitar el derecho a huelga únicamente a las negociaciones colectivas, lo cual implicaría modificar las normas que regulan la libertad sindical en el anteproyecto constitucional. Según informes de La Tercera, los representantes de la derecha han expresado su desacuerdo con la versión redactada por los expertos, argumentando que amplía el alcance de la huelga al sector público y permite que esta se lleve a cabo fuera de los periodos legales de negociación colectiva. Ante esta situación, el consejero Jorge Ossandón ha manifestado su preocupación, señalando que la separación entre negociación colectiva y huelga para el sector privado parece inadecuada, y que resulta contradictorio promover la paralización de los funcionarios públicos, quienes desempeñan un papel fundamental en el servicio a todos los chilenos, especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, Ossandón ha destacado la importancia de escuchar a la sociedad civil y a los académicos antes de tomar una decisión como bancada. Por su parte, el consejero Alexis Cortés, del oficialismo, ha enfatizado que el anteproyecto constitucional es aceptable en la medida en que logra un equilibrio frágil. Cortés ha destacado la consagración sólida de la libertad sindical y el trabajo decente en el texto, y ha explicado que la regulación de la huelga se ha establecido de manera coherente con los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional. Según Cortés, es fundamental que los trabajadores cuenten con todas las herramientas necesarias para defender sus derechos y lograr un equilibrio en la sociedad, especialmente entre el capital y el trabajo. En tanto, Yerko Ljubetic afirmó que limitar el derecho a huelga sería un retroceso inaceptable, además de infringir disposiciones de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Chile ha suscrito. Ljubetic ha destacado que el anteproyecto constitucional cuenta con una base sólida de acuerdos, lo cual permitiría un debate democrático para regular estos derechos de manera razonable, sin retroceder a la situación actual.
