El Ministerio de Justicia, liderado por el ministro Luis Cordero, envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado para que recurra a los tribunales civiles y persiga la disolución de la fundación Democracia Viva, representada por el exmilitante RD Daniel Andrade. Se acusa a la entidad de habe r protagonizado presuntos delitos de corrupción al recibir traspasos por $426 millones con la Seremi de Antofagasta. Según un comunicado emitido por la cartera, esta decisión fue tomada por la subsecretaría de Justicia, a cargo de Jaime Gajardo Falcón (PC), luego de un proceso de fiscalización iniciado por el Departamento de Personas Jurídicas del ministerio el 22 de junio de este año. Este proceso se llevó a cabo tras la revelación del caso cero, que actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público y que involucra traspasos a fundaciones por más de $14 mil millones en nueve regiones. De acuerdo con los resultados de la fiscalización, se han detectado diversas faltas estatutarias y legales cometidas por el directorio de Democracia Viva. Por esta razón, desde el Ministerio de Justicia se ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado que interponga un recurso ante los tribunales civiles para poner fin a las actividades de la fundación y disolver su personalidad jurídica. El comunicado emitido por la subsecretaría encabezada por Jaime Gajardo Falcón señala que durante el proceso de fiscalización se han encontrado irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento de su objeto social y en la administración de su patrimonio fundacional, en relación con el Código Civil, así como en los convenios celebrados con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta. La fundación habría incumplido sus estatutos, su objeto y su patrimonio social, lo que desvirtúa los fines propios de una fundación y persigue otros distintos a los establecidos en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro. Los incumplimientos detectados por el Ministerio de Justicia hacen que la existencia de la fundación Democracia Viva sea inviable, ya que las infracciones son de tal magnitud que no es posible corregirlas. Además, su objeto presenta reparos que no se pueden modificar sin que la entidad se convierta en algo completamente diferente. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informamos lo siguiente sobre el Caso Convenios y fundación Democracia Viva. Revisa el comunicado completo aquí 👉🏻 https://t.co/EX7H2EFurR pic.twitter.com/Fg0DHJAjfy — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) September 13, 2023
El próximo 13 de agosto se vence el plazo para que la fundación Democracia Viva devuelva los más de $391 millones de pesos que debe pagar como resultado del cierre del contrato con el ministerio de Vivienda en Antofagasta. El Consejo de Defensa del Estado solicitó al Primer Juzgado Civil la medida precautoria de retención de los fondos, para garantizar que el dinero sea restituido. La semana pasada, estos montos fueron embargados de la cuenta de la institución liderada por Daniel Andrade, con el objetivo de evitar que no se devuelvan los fondos. Esta polémica surge después de que la fundación, dirigida por el exRD, presentara un recurso de reposición solicitando que se analicen los montos adeudados, los cuales forman parte de una investigación realizada por la Fiscalía por posibles delitos de corrupción. Según la ONG, sólo tienen disponibles $294 millones en su cuenta, por lo que este sería el monto retenido por el juzgado.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal durante la jornada de este lunes contra todos aquellos que resulten responsables en el robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por el momento, la acción judicial está dirigida contra Miguel Ángel Apablaza, imputado en calidad de autor del delito consumado de robo con intimidación, y contra Elena Cecilia Rojas Crespo, como autora del delito de receptación. La querella fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se basa en los acontecimientos ocurridos el pasado miércoles 19 de julio. En esa ocasión, dos guardias de seguridad respondieron a distintas llamadas realizadas por un individuo que se hizo pasar falsamente como el ministro Giorgio Jackson. A través de una comunicación constante, este sujeto les dio una serie de instrucciones para retirar objetos del edificio ministerial, incluyendo 23 computadores y una caja fuerte, la cual esta última aún no ha sido encontrada. En el ejercicio de sus atribuciones legales, el Consejo de Defensa del Estado presentó esta querella criminal, considerando que los hechos mencionados causan un perjuicio fiscal. Además, se solicitó la realización de una serie de diligencias pertinentes y necesarias para contribuir a esclarecer los hechos investigados.
El Ministerio de Justicia, liderado por el ministro Luis Cordero, envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado para que recurra a los tribunales civiles y persiga la disolución de la fundación Democracia Viva, representada por el exmilitante RD Daniel Andrade. Se acusa a la entidad de habe r protagonizado presuntos delitos de corrupción al recibir traspasos por $426 millones con la Seremi de Antofagasta. Según un comunicado emitido por la cartera, esta decisión fue tomada por la subsecretaría de Justicia, a cargo de Jaime Gajardo Falcón (PC), luego de un proceso de fiscalización iniciado por el Departamento de Personas Jurídicas del ministerio el 22 de junio de este año. Este proceso se llevó a cabo tras la revelación del caso cero, que actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público y que involucra traspasos a fundaciones por más de $14 mil millones en nueve regiones. De acuerdo con los resultados de la fiscalización, se han detectado diversas faltas estatutarias y legales cometidas por el directorio de Democracia Viva. Por esta razón, desde el Ministerio de Justicia se ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado que interponga un recurso ante los tribunales civiles para poner fin a las actividades de la fundación y disolver su personalidad jurídica. El comunicado emitido por la subsecretaría encabezada por Jaime Gajardo Falcón señala que durante el proceso de fiscalización se han encontrado irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento de su objeto social y en la administración de su patrimonio fundacional, en relación con el Código Civil, así como en los convenios celebrados con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta. La fundación habría incumplido sus estatutos, su objeto y su patrimonio social, lo que desvirtúa los fines propios de una fundación y persigue otros distintos a los establecidos en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro. Los incumplimientos detectados por el Ministerio de Justicia hacen que la existencia de la fundación Democracia Viva sea inviable, ya que las infracciones son de tal magnitud que no es posible corregirlas. Además, su objeto presenta reparos que no se pueden modificar sin que la entidad se convierta en algo completamente diferente. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informamos lo siguiente sobre el Caso Convenios y fundación Democracia Viva. Revisa el comunicado completo aquí 👉🏻 https://t.co/EX7H2EFurR pic.twitter.com/Fg0DHJAjfy — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) September 13, 2023
El próximo 13 de agosto se vence el plazo para que la fundación Democracia Viva devuelva los más de $391 millones de pesos que debe pagar como resultado del cierre del contrato con el ministerio de Vivienda en Antofagasta. El Consejo de Defensa del Estado solicitó al Primer Juzgado Civil la medida precautoria de retención de los fondos, para garantizar que el dinero sea restituido. La semana pasada, estos montos fueron embargados de la cuenta de la institución liderada por Daniel Andrade, con el objetivo de evitar que no se devuelvan los fondos. Esta polémica surge después de que la fundación, dirigida por el exRD, presentara un recurso de reposición solicitando que se analicen los montos adeudados, los cuales forman parte de una investigación realizada por la Fiscalía por posibles delitos de corrupción. Según la ONG, sólo tienen disponibles $294 millones en su cuenta, por lo que este sería el monto retenido por el juzgado.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal durante la jornada de este lunes contra todos aquellos que resulten responsables en el robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por el momento, la acción judicial está dirigida contra Miguel Ángel Apablaza, imputado en calidad de autor del delito consumado de robo con intimidación, y contra Elena Cecilia Rojas Crespo, como autora del delito de receptación. La querella fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se basa en los acontecimientos ocurridos el pasado miércoles 19 de julio. En esa ocasión, dos guardias de seguridad respondieron a distintas llamadas realizadas por un individuo que se hizo pasar falsamente como el ministro Giorgio Jackson. A través de una comunicación constante, este sujeto les dio una serie de instrucciones para retirar objetos del edificio ministerial, incluyendo 23 computadores y una caja fuerte, la cual esta última aún no ha sido encontrada. En el ejercicio de sus atribuciones legales, el Consejo de Defensa del Estado presentó esta querella criminal, considerando que los hechos mencionados causan un perjuicio fiscal. Además, se solicitó la realización de una serie de diligencias pertinentes y necesarias para contribuir a esclarecer los hechos investigados.