Durante la jornada de este viernes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó la nueva fecha de audiencia donde será reformalizado el exalcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, investigado por una serie de presuntos delitos en el marco del denominado Caso Farmacias Populares. Es por ello, que el tribunal señaló que el exjefe municipal comparecerá nuevamente el próximo 12 de diciembre a las 09.00 hora s, en dependencias del Centro de Justicia de Santiago, junto a ocho personas más. Cabe recordar que el otrora edil se encuentra con arresto domiciliario total desde el pasado 2 de septiembre, fecha en que su defensa logró revocar la cautelar de prisión preventiva, la cual cumplió durante 90 días en el anexo penitenciario Capitán Yáber. La exautoridad comunal actualmente es acusado de f raude al fisco, estafa, cohecho, administración desleal y ocultamiento de bienes en su contra. En base a lo anteriormente mencionado, Jadue ha manifestado en innumerables ocasiones su disconformidad con el proceso judicial que investiga sus gestiones como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) durante la pandemia por COVID-19, calificándolo como “injusto”. Adicionalmente, durante la última jornada de elecciones municipales había señalado que creo que pocos chilenos tienen motivos para confiar en el sistema judicial y en una fiscalía que ha sido contratada por un sector político detrás de la Universidad San Sebastián.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”.Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno.“Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”.“En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió hoy modificar las medidas cautelares impuestas a Kelly Johanna Betancourt Acosta, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos en el contexto de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal, compuesta por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez, revocó la resolución del Juzgado de Garantía que mantenía a Betancourt en prisión preventiva desde hace más de seis meses.Constituyendo la privación de libertad total una medida cautelar excepcional , cuya imposición se justifica cuando las demás sean insuficientes para asegurar los fines de la persecución penal, la restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz del tiempo que ha permanecido sujeta a la referida cautelar, esto es, más de seis meses , pudiendo la medida en cuestión ser sustituida por una de menor intensidad, sostiene el fallo. La corte argumentó que la medida de prisión preventiva era desproporcionada y que podría ser sustituida por medidas menos severas, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. En consecuencia, se resolvió que Betancourt quedará bajo estas nuevas restricciones, con la finalidad de asegurar los fines de la persecución penal. Betancourt Acosta, en su calidad de representante legal de la Fundación Cultural TomArte, es acusada de haber concertado con Carlos Contreras Gutiérrez, entonces seremi del Minvu, para obtener asignaciones de fondos públicos destinados a la ejecución de obras en asentamientos precarios en al menos siete campamentos de Antofagasta. Los convenios firmados en septiembre de 2022 implicaron la transferencia de $456.000.000, los cuales fueron utilizados para pagar honorarios a la imputada, así como para el arriendo de inmuebles y transferencias a cuentas personales de personas asociadas a la fundación.
La Corte de Apelaciones de Talca acogió de manera unánime la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Francisco Pulgar Castillo, quien es imputado como autor del delito consumado y reiterado de violación a una persona mayor de 14 años. Según los antecedentes, los hechos habrían ocurrido en 2014 en la Región del Maule. El pleno de la Corte consideró que existen pruebas suficientes para proceder con el desafuero, tras la solicitud realizada por el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo. En el fallo, se establece que, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, concurren los elementos que justifican la existencia de un hecho ilícito penal y se presume la participación del diputado en los actos que se le imputan. Con esta resolución, se da paso a la formación de causa en contra del diputado Pulgar, quien deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
La Fiscalía Metropolitana Oriente recibió este martes 22 de octubre una nueva denuncia por violación en contra del exfutbolista Jorge Valdivia. Esta es la segunda acusación de este tipo en su contra, según informó CHV. El hecho denunciado habría ocurrido el pasado viernes 18 de octubre, tras un encuentro en el restaurante El Toro, ubicado en la Avenida Alonso de Córdova, que luego continuó en el departamento del exjugador. Desde el Ministerio Público confirmaron la recepción de la nueva denuncia, aunque declinaron entregar detalles adicionales para proteger a la víctima. Valdivia ya se encuentra en prisión preventiva tras haber sido formalizado este martes por un primer caso de violación, ocurrido el domingo 20 de octubre. En ese episodio, el exfutbolista se reunió con una tatuadora en el restaurante Chicha en Ají de Providencia, tras lo cual la mujer denunció haber sido víctima del delito. El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó un plazo de 90 días para la investigación y Valdivia cumplirá la medida cautelar en el Centro Penitenciario de Rancagua.
Durante la jornada de este viernes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fijó la nueva fecha de audiencia donde será reformalizado el exalcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, investigado por una serie de presuntos delitos en el marco del denominado Caso Farmacias Populares. Es por ello, que el tribunal señaló que el exjefe municipal comparecerá nuevamente el próximo 12 de diciembre a las 09.00 hora s, en dependencias del Centro de Justicia de Santiago, junto a ocho personas más. Cabe recordar que el otrora edil se encuentra con arresto domiciliario total desde el pasado 2 de septiembre, fecha en que su defensa logró revocar la cautelar de prisión preventiva, la cual cumplió durante 90 días en el anexo penitenciario Capitán Yáber. La exautoridad comunal actualmente es acusado de f raude al fisco, estafa, cohecho, administración desleal y ocultamiento de bienes en su contra. En base a lo anteriormente mencionado, Jadue ha manifestado en innumerables ocasiones su disconformidad con el proceso judicial que investiga sus gestiones como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) durante la pandemia por COVID-19, calificándolo como “injusto”. Adicionalmente, durante la última jornada de elecciones municipales había señalado que creo que pocos chilenos tienen motivos para confiar en el sistema judicial y en una fiscalía que ha sido contratada por un sector político detrás de la Universidad San Sebastián.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”.Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno.“Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”.“En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió hoy modificar las medidas cautelares impuestas a Kelly Johanna Betancourt Acosta, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos en el contexto de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal, compuesta por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez, revocó la resolución del Juzgado de Garantía que mantenía a Betancourt en prisión preventiva desde hace más de seis meses.Constituyendo la privación de libertad total una medida cautelar excepcional , cuya imposición se justifica cuando las demás sean insuficientes para asegurar los fines de la persecución penal, la restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz del tiempo que ha permanecido sujeta a la referida cautelar, esto es, más de seis meses , pudiendo la medida en cuestión ser sustituida por una de menor intensidad, sostiene el fallo. La corte argumentó que la medida de prisión preventiva era desproporcionada y que podría ser sustituida por medidas menos severas, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. En consecuencia, se resolvió que Betancourt quedará bajo estas nuevas restricciones, con la finalidad de asegurar los fines de la persecución penal. Betancourt Acosta, en su calidad de representante legal de la Fundación Cultural TomArte, es acusada de haber concertado con Carlos Contreras Gutiérrez, entonces seremi del Minvu, para obtener asignaciones de fondos públicos destinados a la ejecución de obras en asentamientos precarios en al menos siete campamentos de Antofagasta. Los convenios firmados en septiembre de 2022 implicaron la transferencia de $456.000.000, los cuales fueron utilizados para pagar honorarios a la imputada, así como para el arriendo de inmuebles y transferencias a cuentas personales de personas asociadas a la fundación.
La Corte de Apelaciones de Talca acogió de manera unánime la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Francisco Pulgar Castillo, quien es imputado como autor del delito consumado y reiterado de violación a una persona mayor de 14 años. Según los antecedentes, los hechos habrían ocurrido en 2014 en la Región del Maule. El pleno de la Corte consideró que existen pruebas suficientes para proceder con el desafuero, tras la solicitud realizada por el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo. En el fallo, se establece que, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, concurren los elementos que justifican la existencia de un hecho ilícito penal y se presume la participación del diputado en los actos que se le imputan. Con esta resolución, se da paso a la formación de causa en contra del diputado Pulgar, quien deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
La Fiscalía Metropolitana Oriente recibió este martes 22 de octubre una nueva denuncia por violación en contra del exfutbolista Jorge Valdivia. Esta es la segunda acusación de este tipo en su contra, según informó CHV. El hecho denunciado habría ocurrido el pasado viernes 18 de octubre, tras un encuentro en el restaurante El Toro, ubicado en la Avenida Alonso de Córdova, que luego continuó en el departamento del exjugador. Desde el Ministerio Público confirmaron la recepción de la nueva denuncia, aunque declinaron entregar detalles adicionales para proteger a la víctima. Valdivia ya se encuentra en prisión preventiva tras haber sido formalizado este martes por un primer caso de violación, ocurrido el domingo 20 de octubre. En ese episodio, el exfutbolista se reunió con una tatuadora en el restaurante Chicha en Ají de Providencia, tras lo cual la mujer denunció haber sido víctima del delito. El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó un plazo de 90 días para la investigación y Valdivia cumplirá la medida cautelar en el Centro Penitenciario de Rancagua.
